Posible condena
17/04/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/04/2023
A raíz de los recientes destapes periodísticos que revelaron que al menos 5 congresistas han recortado los sueldos de sus trabajadores, el abogado penalista Benji Espinoza señaló que las parlamentarias habrían incurrido en el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Además, precisó que la pena que correspondería sería de como mínimo 2 y como máximo 8 años de prisión efectiva.
De acuerdo al artículo 382 del Código Penal, este delito consiste en que el funcionario público abusa de su poder para obligar o inducir a otra persona a que entregue o que prometa entregar un bien, ventaja, beneficio patrimonial, entre otros.
"En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos. Primero, las congresistas son funcionarias públicas. Segundo, habría abuso de poder porque se aprovechan de su condición congresal para que a través de un intermediario se les exijan pagar una parte del sueldo que les corresponde como trabajadores (...). Tercero, el beneficio es normalmente para ellas o un tercero. Entonces se cumplen todos los elementos", explicó Espinoza.
El abogado estimó que, en base a los hechos expuestos, las congresistas tendrían que recibir una pena mínima de 4 a 6 años de prisión efectiva. Según declaró, existe un dato concreto que las ubica en este delito; por lo que, habría que constatar que sus acciones han sido mientras tenían cargo congresal.
Benji Espinoza sobre congresistas 'mocha sueldos'
En entrevista con Exitosa, Espinoza señalaó que las congresistas acusadas de recortar los sueldos de sus trabajadores podrían reciibir pena de hasta 8 años de prisión efectiva.
Caso Congresistas 'mocha sueldos'
En poco más de una semana la Fiscalía de la Nación inicio investigaciones en contra de 5 congresistas por recortarles los sueldos a sus trabajadores. Las parlamentarias acusadas son Rosío Torres, Katy Ugarte, Heidy Juárez, María Cordero y Magaly Ruiz.
En cuanto a Torres (Alianza para el Pogreso) y Ugarte (Perú Libre), el Ministerio Público abrió una investigación en su contra debido a los cobros irregulares a su personal. La Fiscalía inició el mismo proceso el 14 de abril contra Cordero (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (Podemos Perú).
Asimismo, Ruiz (Alianza para el Progreso), quien fue la primera acusada por este delito, viene siendo investigada desde marzo.
No obstante, como se ha dado a conocer, las parlamentarias actuaron junto a cómplices. Por tanto, se abrió el mismo proceso hacia ellos también.
Como era de esperarse, todas las acusadas negaron haber incurrido en este delito, pero los destapes periodísticos parecen indicar lo contrario.
