23/03/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Atención. Este miércoles, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, presentó, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, una denuncia constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda, por fallos que considera van en contra de los derechos humanos.
Según la legisladora, durante el presente año, el TC ha emitido resoluciones que desconocen la Consulta Previa, ordenan que se archive el caso el Frontón y declaran fundado un habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori.
En el documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Palacios interpone denuncia contra los cuatro magistrados con la finalidad que se inicie un procedimiento por infracción a la Constitución en sus artículos 1° y 2° (incisos 1, 2,3,4,18,19, 21, 22, 24) 200° y 201° y la cuarta disposición final y transitoria.
De igual manera, señala que los miembros del TC infringieron el convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes y por conductas tipificadas en el artículo 418° (prevaricato) del Código Penal.
La congresista refirió que las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, en la provincia puneña de Juli, presentaron una acción de amparo a fin que se anulara una concesión minera en sus territorios al advertir que no se aplicó el mecanismo de consulta previa.
Al respecto, los magistrados Blume, Ferrero y Sardón declararon improcedente el recurso al señalar que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución "ya sea en forma expresa o tácita", mientras que Miranda declaró infundada la demanda al señalar que la concesión por sí sola no implicaba un riesgo directo para las comunidades.
Finalmente, Margot Palacios considera que el fallo contradice lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, además recordó que el indulto humanitario fue revocado tras una revisión de la Corte Suprema de Justicia, a pedido del tribunal internacional de derechos humanos.
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