
12/12/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/12/2024
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, cuestionó fuertemente la promulgación de la Ley n.° 32181, la cual deroga una norma fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Según el congresista de la República, la nueva normativa beneficia a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
En diálogo con Exitosa, el parlamentario precisó que no solo Nicanor Boluarte resultaría beneficiado por la promulgación de la ley, sino muchos miembros de organizaciones criminales. Asimismo, enfatizó en que se genera una mala imagen para las futuras generaciones del país.
"Hay personajes que han fugado como es el caso del señor (Vladimir) Cerrón; el hermano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte... No quieren someterse a la justicia peruana. Están dando un mensaje a toda la juventud que si uno quiere puede obedecer o no a un juez", indicó el legislador.
¿Qué dice la norma?
La promulgación de la Ley n.° 32181 ha sido criticada por parte de la ciudadanía debido a que deroga la detención preliminar en caso de no flagrancia. Es decir, cubre a aquellos criminales quienes, debido a no encontrarse en el desarrollo del delito, cuentan con defensa legal.
La ley modifica el inciso a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal respecto a la detención preliminar, el cual establece que "cuando no se presente un supuesto de flagrancia, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad".
Así, los jueces ya no podrán solicitar la detención preliminar a pedido de un fiscal en situaciones donde los criminales no hayan sido intervenidos en caso de flagrancia.
Rechazan ley
Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía de la Nación, se mostró en contra de la ley, señalando que los fiscales se verán limitados en el desarrollo de sus actividades. Al respecto, criticó que ya no se podrá pedir la detención de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en el uso reglamentario de sus armas, generen lesiones o muertes.
Según el vocero, dicha normativa vulnera la autonomía del Ministerio Público. Cubas también puntualizó que la norma no genera un cambio sustancial en los altos índices de criminalidad organizada.