21/04/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, lanzó una seria advertencia al gobierno del presidente Martín Vizcarra, y aseguró que no continuarán con el diálogo si antes no logran el archivamiento de las más de 600 denuncias que enfrentan sus dirigentes en el Poder Judicial.
Al referirse al conflicto que mantienen con la empresa minera MMG Las Bambas, que ya superó los 70 días sin solución, indicó que de no lograr la atención de sus reclamos, retomarán sus protestas y entre éstas, se encuentra el bloqueo de las vías de acceso al proyecto minero de cobre, uno de los más importantes del país.
A través de un enlace telefónico con Nicolás Lúcar en la plataforma radio-televisión Exitosa, reiteró que punto principal de los nueve items de la agenda que le hicieron llegar a la comisión de alto nivel está “el archivamiento de los denunciados. Es el primer punto para entrar en una Mesa de Diálogo con la empresa minera y el Estado”.
“En Fuerabamba hay más de 300 comuneros denunciados, en Pumamarca hay 310 y otras más en otras comunidades. Nos quieren meter a todos a la cárcel. Las denuncias vienen de la empresa Las Bambas, la Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional. Como quieren dialogar si nos denuncias”, agregó.
Miércoles 24
Rojas, que enfrentó una detención preliminar, anunció que este miércoles 24 retomarán el diálogo con los representantes de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que lidera, por el momento, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, designada por el gobierno para la instalación de las Mesas de Trabajo.
Indicó que los comuneros de las zonas de influencias del proyecto minero Las Bambas reclaman también la excarcelación de sus asesores legales, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, que tras ser sindicados como cabecillas de la organización criminal “Los Chavelos” se encuentran con prisión preventiva de 36 meses en un penal del Cuzco.
Otro punto principal de la agenda planteada por las comunidades está referido directamente a la retribución económica, equivalente a 40 millones de soles, que exigen los pobladores por la reclasificación de la vía comunal en vía nacional, que es utilizada por la mina como corredor vial para el desplazamiento de cientos de camiones cargados de mineral.
Poder Judicial y Fiscalía
Las comunidades apurimeñas en pleno exigen la presencia de los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía con la finalidad de tomar conocimiento de cada uno de los casos de los comuneros que vienen siendo sometidos a procesos judiciales, por el solo hecho de reclamar sus legítimos derechos, precisó Gregorio Rojas, tras indicar que este fue uno de los acuerdos a los que se comprometió la Comisión de Alto Nivel del gobierno. Rojas indicó, que espera que el Ejecutivo cumpla con su palabra y de una vez por todas se encuentre una solución al conflicto social.
