21/09/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El Congreso de la República se ve inmerso en una nueva polémica entre los propios legisladores, tras las declaraciones del oficialista, Clemente Flores, quien aseguró que algunos de sus colegas de provincias evalúan pedir una indemnización al Estado, en caso prospere el adelanto de elecciones y el cierre de este poder.
El argumento es que el cierre del Congreso los perjudicaría económicamente y truncaría la inversión económica que han realizado para ocupar una curul.
Flores, de la bancada de PPK, sostiene haber escuchado a varios de sus colegas de provincias, quejándose de cómo les perjudicará el adelanto de elecciones, porque ellos se han trasladado a Lima y han comprado bienes en la capital, que están abonados en la actualidad y se paralizaría al cortarse su labor congresal.
Para el legislador pepekausa los legisladores “buscarían que los indemnicen o una especie de reconocimiento indemnizatorio a fin de compensar un posible recorte de su gestión”.
Frente a estas declaraciones, el parlamentario Juan Sheput (Contigo) aseguró que lo expuesto por Flores “es una tontería y debería quedarse callado”.
En conversación con diario Exitosa, Sheput rechazó las afirmaciones de su colega y criticó que la acusación la haga en términos generales, sin precisar las identidades o nombres de los parlamentarios de provincias que pedirían tal indemnización.
“El congresista debería decir quiénes son los parlamentarios que buscarían una indemnización ante una posible suspensión de sus labores legislativas. Es una cobardía lo dicho por el vocero de Peruanos por el Kambio y vincularlo por una posición contraria al proyecto de adelanto de elecciones. Peor aún que esa decisión parte de los congresistas de provincia, debe quedarse callado”, afirmó.
Por su parte el legislador Víctor A. García Belaunde le recordó a Flores que el golpe de Estado del 5 abril de 1992, donde la labor parlamentaria se ejerció en un periodo no mayor a un año y medio y no hubo ese tipo de acusaciones entre los congresistas, porque “la función congresal es por mandato popular y no en búsqueda de una remuneración mensual”.
“Nada convincente es lo que ha dicho el congresista Flores. Más bien resulta absurdo que vierta esta información y etiquete al colega de provincia que está en contra de adelanto de elecciones. Le pidió que evitara ese tipo de declaraciones porque solo genera más confrontación dentro del Parlamento”, dijo García Belaunde.
Advirtió al oficialista no caer en la provocación impulsada desde el Ejecutivo, ya que hay temas prioritarios dentro del Congreso y esto desvía la atención de todos los parlamentarios.
Resarcimiento
Una de las parlamentarias que transmitió la intención de solicitar una indemnización al Congreso por sentir que han sido vulnerados sus derechos fue la frenteamplista María Elena Foronda.
Luego, de la decisión del Poder Judicial de declarar fundada la acción de amparo que presentó tras ser suspendida de sus funciones por 120 días en mayo último, Foronda manifestó su intención de solicitar una indemnización por haber paralizado su labor parlamentaria.
La legisladora se incorporó el pasado lunes 2 de setiembre al Congreso. En diálogo, con diario Exitosa, insiste que la decisión de suspenderla fue dada de forma arbitraria y tuvo sesgo político.
Foronda fue suspendida por contratar en su despacho congresal a Nancy Madrid Bonilla, quien fue sentenciada por terrorismo.
