Pide investigación
03/05/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/05/2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se realizaron en diversas regiones del país contra el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, luego de que Pedro Castillo anunció que daría un golpe de Estado.
Protestas sociales
El informe de la comisión, titulado "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales", tomó como marco temporal los hechos sucedidos en las movilizaciones que se desarrollaron entre aquel 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
En el documento, la comisión menciona que la respuesta de las fuerzas estatales no fue "uniforme" en todo el territorio nacional y que hubo "graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos".
Además, indica que de la información que recibió de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado peruano estuvo caracterizada por "el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" contra los participantes de las manifestaciones.
"Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad", añade.
"Deben ser investigadas"
La CIDH manifiesta que las "graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe" deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos.
Agregado a ello, señala que estos hechos deben ser juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales; ello dentro de un "plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso".
En esa línea, expresa que los responsables deben ser sujetos a las sanciones penales correspondientes. Y, por su parte, las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser "reparadas de manera integral".
Masacre
En el informe se destaca que, en Ayacucho, se registraron graves violaciones a los derechos humanos "que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial". La comisión indicó que las muertes registradas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales "al ser perpetradas por agentes del Estado".
"Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", agregó.
De igual manera, el documento también hizo referencia a los sucesos violentos perpetrados en Juliaca, donde "se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos" contra participantes de las protestas y también de terceras personas.
Estigmatización
El organismo asegura que constató existe un deterioro generalizado del debate público con una "fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales", a través de mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como "terroristas", "terrucos", "senderistas", "cholos" o "indios", y demás expresiones despectivas.
Por ello, advirtió que estos mensajes contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esa población.
Según señaló la comisión, para superar la crisis en nuestro país es necesario que haya un diálogo efectivo y acuerdos en el marco del Estado de Derecho. Además, recomienda que se adopten medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática.
De esta manera, en el informe de la CIDH se manifiesta que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas iniciadas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
