Caso Gasoducto Sur: Procuraduría busca que investigados paguen US$ 1,300 millones de reparación civil
El expresidente Ollanta Humana y su esposa Nadine Heredia, junto a otros investigados por el caso Gasoducto del Sur, tendrían que pagar 1 300 millones de dólares si son condenados por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos; ello luego que el Poder Judicial (PJ) declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, sobre esta reparación civil.
¿Por qué deberían pagar?
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó constituirse como actor civil en el proceso penal, donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
El juez Leodan Cristóbal Ayala aprobó dicho pedido el pasado martes, 28 de marzo, donde se requirió de manera provisional el pago de dicho monto como reparación civil por los daños ocasionados al Estado.
En esa línea, si se emite una sentencia condenatoria, la mencionada cifra de dinero tendría que ser asumida de manera solidaria por Ollanta Humala y Nadine Heredia, en conjunto con otros 30 investigados en el referido caso.
Así como Humala Tasso y Heredia Alarcón, entre los involucrados en la pesquisa se encuentran algunos exministros y personajes que ejercieron el rol de funcionarios públicos, además de otros abogados y agentes particulares.
Procuraduría "busca asegurar" pago de reparación civil
En entrevista con Exitosa, la procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo que se "busca asegurar" el pago de la reparación civil en caso de lograrse una sentencia condenatoria.
"Que nosotros podamos ser actores civiles, en este caso del Gasoducto, significa que nosotros vamos a poder defender al Estado de manera oportuna, de manera eficaz. De tal manera de poder continuar presentando todas las medidas cautelares para poder hacer asegurar un futuro pago de reparación civil, en caso se logre una sentencia condenatoria", declaró en nuestro medio.
El caso
En este caso, según la tesis del Ministerio Público (MP), diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al "servicio de un pacto criminal" que estuvo liderado por los que fueron en ese entonces presidente de la República y primera dama, Ollanta Humala y Nadie Heredia. El objetivo habría sido beneficiar los intereses de Odebrecht, empresa que buscaba ganar la licitación del citado proyecto junto a su consorciada Enagás.
Cabe resaltar que este proceso penal se disputa, desde diciembre del 2020, entre la Procuraduría y las defensas legales de los personajes que resultaron investigados, así como también de las compañías vinculadas a la licitación del Gasoducto.
Las defensas de los involucrados mantenían su posición respecto a oponerse a que el referido ente rector ingrese al caso como actor civil para demandar el pago del resarcimiento económico en favor del Estado peruano.
De esta manera, se conoció que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó que los investigados por el caso Gasoducto del Sur, entre ellos Ollanta Humala y Nadie Heredia, paguen 1 300 millones de dólares como reparación civil en caso reciban una sentencia condenatoria en el marco de las indagaciones.