Cancillería lamenta pronunciamiento de presidentes de la región en defensa de Pedro Castillo: "Dio un golpe de Estado"
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó su profunda preocupación y rechazo a las declaraciones de ciertos presidentes de la región que continúan defendiendo al expresidente Pedro Castillo, a pesar de las evidencias que demuestran que su accionar fue un golpe de Estado.
Según el Ministerio, este acto no solo constituyó una violación flagrante de la Constitución Política del Perú, sino también de la Convención Americana de Derechos Humanos, afectando gravemente la democracia y la voluntad popular.
"Este intento de Pedro Castillo de asumir el control absoluto del Estado, se encuentra siendo procesado por un sistema judicial autónomo e independiente, con todas las garantías del debido proceso, y no tiene relación alguna con su condición social o su visión ideológica", escribió en el comunicado.
¿Por qué es importante este juicio?
Pedro Castillo, quien asumió la presidencia en julio de 2021, se encuentra actualmente bajo juicio por intentar disolver el Congreso y asaltar el poder de forma ilegal el 7 de diciembre de 2022.
En su intento por tomar control absoluto del Estado, Castillo se declaró presidente de emergencia, lo que desencadenó su destitución y detención por parte de las autoridades nacionales. Enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación pública, delitos por los que se le solicita una pena de 34 años de prisión.
El juicio contra el expresidente se instaló este martes en la Corte Suprema, presidido por el juez José Neyra. Este proceso es considerado un hito en la historia jurídica del país, debido a su naturaleza y las implicancias para la estabilidad política. En este caso, además de Castillo, también están siendo procesados sus exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta.
¿Cómo ha respondido Castillo?
En medio de este proceso judicial, Pedro Castillo ha rechazado cualquier tipo de defensa legal, renunciando a sus abogados previos y negándose a aceptar un defensor público.
En una actitud desafiante, Castillo calificó el juicio como una "pantomima", lo que ha generado mayor controversia. A pesar de su postura, las autoridades judiciales han asignado un abogado de oficio para garantizar el debido proceso y cumplir con la normativa legal.
La fiscal encargada del caso, Galinka Meza, subrayó la relevancia de este juicio, indicando que no tiene precedentes en la historia reciente del país. El caso está siendo tratado con toda la seriedad que corresponde, dado que se trata de un ataque directo al orden constitucional y la estructura democrática de Perú.