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25/06/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/06/2024
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra la presidenta de la República Dina Boluarte por la muerte de 49 personas en el marco de las protestas en su contra.
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Ambas organizaciones de derechos humanos se reunieron con la Fiscalía de la CPI para mostrar evidencia de que los asesinatos e intentos de asesinato durante las protestas contra el régimen se trataron de ataques sistemáticos.
En el documento presentado ante CPI este punto se fundamenta con informes detallados sobre las muertes registradas, donde se especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones.
Asimismo, sostuvieron que militares y policías realizaron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, atentando principalmente contra "hombres jóvenes e indígenas".
Bajo esas características, ambas instituciones sostienen que la represión del gobierno de Dina Boluarte debería constituir crímenes de lesa humanidad, conforme a lo establecido por el Estatuto de Roma.
Al advertir amenazas al Ministerio Público, las organizaciones han solicitado que esta institución internacional inicie una investigación para indicar sobre lo sucedido en el país, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Cabe destacar que estas imputaciones no solo vienen basadas en el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, sino también por informes realizados por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Negación y cinismo del Estado
Además de documentar los sucesos, las organizaciones pro derechos humanos criticaron la negación del Ejecutivo por "culpar a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas".
Y es que, como se recuerda, el Gobierno de Boluarte ha sostenido que los decesos se produjeron a causa de centenares "manifestaciones violentas" que presuntamente buscaban pervertir el orden constitucional.
Asimismo, el informe también considera acciones del Gobierno que justifican las muertes de los protestantes, tal como la promoción de algunos militares que participaron en los eventos.
"También hemos señalado cómo es que se han ido premiando a algunos militares que estuvieron involucrados en realizar acciones, han sido premiados con felicitaciones y gradurías militares. Todo eso abona una responsabilidad desde el alto cargo que es la presidencia de la República", indicó a Infobae la abogada de Aprodeh, Gloria Cano.
De esta manera, organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte por su responsabilidad en las 49 muertes reportadas durante las protestas en su contra.
