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Política

Amnistía Internacional pidió que se proteja a las mujeres que luchan por los derechos humanos en el Perú

A fines de abril de este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el importante mecanismo que protege a las mujeres que defienden los derechos humanos.

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08/07/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023

Amnistía Internacional Perú solicitó al Ejecutivo la urgente implementación del Protocolo de Protección para las mujeres que se encargan de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, que fue aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mes de abril de este año.

La directora ejecutiva de la organización internacional, Marina Navarro, calificó como hostil el escenario que se registra en el Perú, en donde son cada vez más evidentes y preocupantes los patrones de violencia en contra de la mujer y esencialmente con aquellas lideresas que defienden sus derechos.

En ese contexto, enfatizó en la necesidad en que el Estado peruano asuma los compromisos internacionales y nacionales para garantizar el desarrollo de sus labores en “espacios más seguros y adecuados”, especialmente de las mujeres que defienden sus derechos a la tierra, al medio ambiente, una vida sin violencia así como también los derechos de la comunidad LGTBI.

“Mientras las mujeres denuncian con valentía agresiones en la defensa de sus derechos y los de otras personas, observamos un patrón de hostigamiento diferenciado hacia ellas, que va desde las amenazas, deslegitimación de su trabajo en diferentes espacios, incluyéndolas redes sociales, el uso de su sexualidad para desacreditarlas, la estigmatización, la violencia física y sexual y finalmente, el asesinato”, señaló.

Marina Navarro sostuvo que las mujeres están protagonizando cambios importantes en la sociedad peruana, por ello, se deben implementar campañas de reconocimiento y protección para que sean escuchadas en un marco de protección.

Amnistía Internacional - Perú solicita que se adopten, las siguientes medidas: establecer un mecanismo nacional de protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos; implementar un registro de denuncias e incidencias y elaborar un reporte de situaciones de riesgos y la ratificación e implementación del Acuerdo de Ecazú, que protege a las personas que defienden el medio ambiente.