Alejandro Muñante solicita a comisión de Constitución dictaminar reformas para impedir que condenados por corrupción dirijan partidos políticos
El tercer vicepresidente del Congreso y congresista de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, precisó que solicitó ante la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República de resolver reformas para impedir que, condenados por corrupción, entre otros delitos, puedan dirigir partidos políticos.
El legislador, a través de su cuenta de Twitter, difundió la solicitud remitida a la Comisión de Constitución y Reglamento donde hizo 2 pedidos de reformas con miras a los nuevos comicios electorales.
"He solicitado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, dictaminar CON URGENCIA, dos reformas de mi autoría para impedir que condenados por corrupción dirijan partidos políticos y para evitar que condenados por terrorismo y otros, postulen a cargos de elección popular", precisó en su tweet el parlamentario de Renovación Popular.
En ese sentido, agregó que "Las reformas no se negocian". En clara alusión, a los diversos intereses políticos de las distintas voces en el Congreso de la República.
Solicitud presentada
El documento adjunto precisa que, el Proyecto de Ley 1142/2021-CR, se encuentra en comisión desde el 14 de enero de 2022 y busca impedir que personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción ocupen cargos directivos en los partidos y organizaciones políticas, con el fin de prevenir la corrupción dentro de los partidos políticos, más aún, al ser organizaciones que reciben y administran fondos públicos.
En esa línea, indica también que, el Proyecto de Ley 391/2022-CR, se encuentra en comisión desde el 5 de enero del 2023, y tiene como objetivo impedir que personas sentenciadas por delitos de terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional, puedan acceder a cargos de elección, con el fin de resguardar la democracia, el orden constitucional y la integridad del Estado Peruano de aquellas personas que han atentado contra estos.