Tolerancia cero
27/12/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/12/2024
El congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular, ha pedido con carácter de urgencia la convocatoria de una sesión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para aprobar el informe final de las Denuncias Constitucionales Nº 384, 400 y 466.
Estas denuncias están relacionadas con la disolución del Congreso por parte del expresidente Martín Vizcarra en 2019, calificada como "inconstitucional" por Muñante y otros parlamentarios.
Detalles de las acusaciones
En el documento dirigido a María Acuña, presidenta de la SAC, Muñante resalta la necesidad de aprobar el informe antes de finalizar el año, subrayando la importancia de tratarlo con diligencia debido a su impacto en la defensa del orden democrático.
El informe final señala que la disolución del Congreso en septiembre de 2019, tras la negación de confianza a su gabinete ministerial, constituyó una violación a la Constitución y un uso indebido de la figura de la cuestión de confianza. Según Muñante, este hecho configuró un "golpe institucional" que debe ser sancionado.
Asimismo, las denuncias incluyen a varios ministros del gabinete de Vizcarra por su participación en la medida, lo que amplía el alcance de las acusaciones.
Reacciones y próximo paso
La solicitud ha generado una serie de opiniones divididas. Mientras algunos sectores del Congreso apoyan la medida impulsada por Muñante, considerando que es un paso necesario para "hacer justicia", otros la califican como una maniobra política que busca desviar la atención de los actuales problemas del país.
En caso de que la SAC apruebe el informe, este pasará al Pleno del Congreso, donde se decidirá si se procede con la acusación constitucional contra Vizcarra y los exministros.
"Vizcarra justificó su decisión"
El caso revive el debate sobre la disolución del Congreso en 2019, una medida que marcó un punto de inflexión en la política peruana. Si bien Vizcarra justificó su decisión como una forma de combatir la corrupción y el bloqueo legislativo, sus críticos la consideran un acto autoritario que quebrantó la institucionalidad del país.
La discusión sobre el informe final no solo tendrá repercusiones legales, sino también políticas, avivando las tensiones entre diferentes fuerzas políticas en el Congreso y la opinión pública.
La convocatoria solicitada por Alejandro Muñante pone nuevamente en el centro de la agenda política el polémico caso de la disolución del Congreso. A medida que avanza el proceso, la atención estará puesta en las decisiones de la SAC y el Pleno, que podrían sentar precedentes importantes en el equilibrio de poderes en Perú.
