Alberto Otárola anuncia que el Gobierno alista medidas migratorias
Durante conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, indicó que el Poder Ejecutivo está alistando medidas para poder controlar la migración en el Perú, esto ante los casos delincuentes y bandas criminales. Asimismo, descartó que la PCM exista una red criminal que busca el negocio ilícito de proyectos mineros.
"Estamos estudiando informes de los sectores, entendemos que la principal obligación como Gobierno y el Estado es proteger la seguridad y vida de los ciudadanos peruanos, sin olvidar la seguridad y vida de aquellas personas que han ingresado legalmente al país y tienen derecho a la prestación de servicios públicos", expresó en declaraciones a la prensa por lo casos reciente de inseguridad ciudadana.
Asimismo, recalcó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y vida de los ciudadanos en el Perú. "Es una obligación constitucional y como dije vamos a tomar medidas inmediatas para garantizar esa seguridad e integridad de los peruanos", puntualizó.
Acciones frente a la migración
Alberto Otárola detalló que desde el 2017 han ingresado alrededor de 900 mil extranjeros a nuestro país. En ese sentido, especificó que cuando existe la masiva inmigracion, el Estado tiene es responsable para poder brindar provisiones de básicos públicos esenciales, pero esto no ha sido aplicado, aseguró.
El presidente de la PCM, adelantó que desde el Poder Ejecutivo se está coordinado un dispositivo intersectorial para poder dar alto a los hechos vandálicos, para así poder dar una mejor solución a la población peruana.
Supuesta red criminal en el PCM
Asimismo, Otárola se pronunció con respecto a la denuncia periodística dominical en donde acusa a funcionarios de la PCM de haber realizado intereses particulares con la finalidad de ganar contratos con uno de los proyectos mineros más grandes del norte, el de Río Blanco Copper en Piura.
De acuerdo al informe periodístico, Martín Silvio Carbajal Zegarra sería el funcionario que se encargó de programar sospechosas reuniones en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros del Edificio Palacio.
Fue el funcionario del Fondo de apoyo gerencial de la PCM que habría tomado nota de una carta enviada por la empresa Río Blanco en la que solicitaban una reunión formal para viabilizar un proyecto en el norte del Perú, para el 17 de febrero del 2023.
"En la PCM no hay ninguna red criminal que proteja o intervenga las normas de integridad. La persona que ha mencionado ha dejado de pertenecer a la PCM al día siguiente de la denuncia periodística", detalló antes de finalizar la conferencia de prensa.