Alberto Otárola acusa falta de imparcialidad de juez Carhuancho en 'Caso Humala-Heredia'
El abogado del expresidente Ollanta Humala, Alberto Otárola, se pronunció tras la suspensión de la audiencia de control de acusación realizada contra el ex jefe de Estado y la exprimera dama Nadine Heredia, para señalar la falta de imparcialidad del juez Richard Concepción Carhuancho. Acusa que vienen ocurriendo decisiones “raras” respecto a este caso.
"La razón central de la suspensión de la audiencia es que no se puede aceptar que la audiencia de control sea dirigida por un juez que no es imparcial. Tenemos unas normas procesales un poco raras, se pide la independencia y la imparcialidad de un juez y es ese mismo juez el que debe resolver este pedido, el mismo señor Carhuancho ha dicho que no acepta su propia recusación, pero en fin esto ha sido impugnado ante la Sala Penal y esperamos que resuelvan en el más breve paso posible", dijo en diálogo con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en 'Hablemos Claro', en Exitosa.
En este sentido, Alberto Otárola pidió que se asigne un nuevo juez para que vea el 'Caso Humala-Heredia': "solamente queremos que la justicia en el Perú asigne un juez imparcial, nada más, independiente al juez que asignen. Que vea este tema un juez que sea imparcial. La misma Sala Penal, en el caso de la Sra. Keiko Fujimori, determinó que el juez Carhuancho no era un juez imparcial y le declaró fundada la recusación, al igual razón, igual derecho. Lo que pedimos es el mismo trato de la Sala Penal respecto a la actuación del juez Carhuancho".
Recordemos que, el juez Richard Concepción Carhuancho suspendió - ayer lunes - la audiencia de control de acusación realizada contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia. Esto debido a que el Ministerio Público ha solicitado que se revise nueva documentación presentada.
El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años de cárcel para su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Ellos son investigados por la presunta recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales del 2006 y 2011.