Alberto Fujimori solicita pensión vitalicia, pero su propia ley se lo prohíbe por tener sentencia
El pasado 6 de mayo, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, solicitó al Congreso de la República una pensión vitalicia, el pago para un asistente y vales de combustible, justificando estos beneficios por sus funciones como jefe de Estado durante los años 90. La bancada fujimorista de Fuerza Popular ha mostrado su apoyo a esta petición. Sin embargo, surge una controversia, ya que el propio Fujimori firmó las directrices que le impiden recibir estos pagos de por vida.
Solicitud al Congreso
Alberto Fujimori, el pasado 6 de mayo, solicitó oficialmente al Congreso de la República de Perú que se le otorgue una pensión vitalicia. Además, solicitó el pago para un asistente personal y vales de combustible.
Estos beneficios, según él, deberían ser proporcionados por sus funciones desempeñadas como presidente durante la década de 1990. Fuerza Popular, el partido político fundado en torno a la figura de Fujimori, ha mostrado su apoyo incondicional a esta solicitud.
Los representantes del partido argumentan que Alberto Fujimori, a pesar de los problemas legales que ha enfrentado, merece estos beneficios por su papel en la estabilización económica y la lucha contra el terrorismo en Perú durante su gobierno.
El respaldo a esta solicitud ha generado un debate intenso debido a una contradicción legal evidente. Durante su gobierno, el Congreso, presidido en ese entonces por Jaime Yoshiyama, aprobó la Ley N° 25619, la cual fue firmada por el propio Fujimori y el primer ministro Dante Córdova Blanco. Esta ley, promulgada el 8 de agosto de 1995, establece las condiciones bajo las cuales los expresidentes pueden recibir una pensión vitalicia.
Ley 25619: ¿Qué dice el artículo 2?
El artículo 2 de la Ley N° 25619 es claro en cuanto a las restricciones para otorgar pensiones vitalicias. Específicamente, establece que el derecho a una pensión vitalicia queda suspendido para aquellos expresidentes que hayan sido acusados constitucionalmente por el Congreso, a menos que una sentencia judicial posterior los declare inocentes.
En el caso de Alberto Fujimori, fue acusado constitucionalmente en 2001 tras ser vacado por incapacidad moral permanente. Esta acusación fue seguida de varias sentencias por crímenes de lesa humanidad, incluyendo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. A pesar de haber recibido un indulto en diciembre de 2023, este no borra las condenas que posee.
La solicitud de Alberto Fujimori para recibir una pensión vitalicia y otros beneficios del Estado ha generado un fuerte debate en nuestro país. Aunque cuenta con el respaldo de su partido, Fuerza Popular, las contradicciones legales y su historial de condenas por violaciones de derechos humanos complican su petición. La Ley 25619, firmada por él mismo, parece ser el obstáculo principal que impide la aprobación de estos beneficios.