Abogado de Martín Vizcarra niega colusión en compra de pruebas rápidas: "Es presión del Congreso"
El abogado del expresidente Martín Vizcarra, Alejandro Salas, negó categóricamente que su patrocinado haya incurrido en el delito de colusión relacionado con la adquisición de pruebas rápidas para detectar la COVID-19 durante su gestión.
En diálogo con Exitosa, Salas señaló que la denuncia constitucional presentada en su contra no tiene sustento penal y responde a una presión política desde el Congreso.
"En su momento, el Ministerio Público archivó la denuncia inicial, al no encontrar ningún tipo de responsabilidad penal ni en el expresidente ni en los funcionarios de su gobierno. No hay pruebas que lo vinculen con algún acto irregular", aseguró el abogado.
Salas también se refirió a los actores políticos detrás de esta nueva denuncia. Mencionó a la congresista Patricia Chirinos, quien presentó la acusación constitucional no solo contra Vizcarra, sino también contra el ex fiscal de la Nación, Villena Campana.
Según el abogado, esta acción formaría parte de una estrategia de presión legislativa que involucra a otras figuras como la exprocuradora Katherine Ampuero.
¿Es esta una maniobra política del Congreso?
Alejandro Salas calificó la denuncia constitucional como parte de un "circo político" promovido desde el Congreso de la República, señalando que se busca instrumentalizar la justicia para fines partidarios.
"Vizcarra no se va a prestar al circo del Congreso. Esta es una clara maniobra política. Hoy en día, cuando la política se mezcla con el ámbito penal, se corre el riesgo de judicializar decisiones de gobierno sin fundamentos", declaró.
El abogado también indicó que el expresidente no teme a este nuevo proceso, y adelantó que solicitará el archivo de la denuncia.
"Como ya ha ocurrido en otras denuncias similares, estamos seguros de que se presentará la renuncia necesaria para que el camino del archivo sea viable, evitando así más presión innecesaria del Congreso", añadió.
¿Qué antecedentes existen sobre esta denuncia?
Esta no es la primera vez que Martín Vizcarra enfrenta investigaciones por su gestión durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, en procesos anteriores, las indagaciones no prosperaron por falta de pruebas o elementos que configuren delitos.
El expediente archivado por el Ministerio Público concluyó que no existían indicios de colusión o direccionamiento en la compra de pruebas rápidas, decisión que ahora es puesta en duda por sectores legislativos.
La defensa de Martín Vizcarra sostiene que no existen fundamentos penales en la denuncia constitucional impulsada por el Congreso, la cual consideran una reiteración de un caso ya archivado.
Mientras tanto, se espera que el expresidente solicite nuevamente el archivo de la acusación, en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.