Abogado de los hermanos Chávez Sotelo acusa aislamiento excesivo de sus defendidos
Excesos. Kevin Peña Mallma, abogado de los hermanos Chávez Sotelo, denunció - en diálogo con Exitosa - que se vienen cometiendo una serie de excesos contra sus defendidos: los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores legales de los comuneros de Fuerabamba, quienes vienen cumpliendo 36 meses de prisión preventiva el penal de Quencoro, en Cusco. Denuncia que hay un aislamiento excesivo en contra de sus clientes.
"Ahora están bajo prisión preventiva por 36 meses, están en unas celdas preventivas que luego las van a clasificar de acuerdo a las normas internas. Les están manteniendo en reserva todo lo que pasa fuera porque no tienen televisión, no tienen información que pueda a ellos hacerles ver la realidad que se está suscitando fuera del lugar donde están detenidos. Ellos no tienen ningún número de comunicación para que se puedan comunicar con algún comunero. Ellos actualmente solo están viendo su proceso de defensa y cómo seguir su proceso de investigación en libertad", dijo en diálogo con Nicolás Lúcar y Manuel Rosas, en Exitosa.
Recordemos que, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores legales de los comuneros de Fuerabamba, fueron recluidos - bajo estrictas medidas de seguridad - el último sábado en el penal de Quencoro, en Cusco, desde donde afrontarán el proceso en contra por presuntamente integrar la organización criminal 'Los Chavelos'.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac dictó 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, acusados del delito de extorsión en contra del proyecto minero Las Bambas.
En esta línea, Kevin Peña Mallma consideró que la prisión preventiva de 36 meses contra los hermanos Chávez Sotelo es algo “dirigido”: "estamos interpretando esto como una cuestión ya demasiado dirigida solamente a los asesores y a los demás comuneros que el Ministerio Público ha tenido a bien incluir en la investigación, pero ellos están llegando a tener acuerdos y a negociaciones con la empresa y el Estado, de alguna forma el fiscal también debería excluirlos a ellos porque no se están considerando que ellos o sigue cometiendo los ilícitos de extorsión o ellos no son los que tiene en la mira el Ministerio Público".