Abogado de Boluarte: Cuando escuches que el presidente es basura, ¿es peor el elector o el elegido?
En diálogo con Exitosa, el abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Joseph Campos, se refirió a los cuestionamientos que enfrenta la mandataria por parte de la opinión pública, e hizo hincapié en el rol que también cumple la ciudadanía en la elección de sus autoridades.
"Lo primero que se debe establecer es que el elegido tiene una responsabilidad compartida con el elector. Cada vez que tú escuches que el Congreso y el presidente es una basura, ¿Quién es el peor?, ¿el elector o el elegido?", sostuvo Campos.
¿Quién tiene la responsabilidad política?
El abogado agregó que para avanzar hacia una mejor cultura política y una comunidad social más sólida, es necesario revisar el enfoque con el que se percibe a las autoridades elegidas.
Campos también aseguró que él mismo asume una responsabilidad profesional con el objetivo de no alimentar las sospechas infundadas que, según señaló, afectan el adecuado desarrollo de la función pública.
"El problema está en que si tú quieres desarrollar otra cultura política, quieres desarrollar una mejor sociedad política o como comunidad social, una vez que se establece que todos los gobernantes son corruptos, entonces el problema no está solo en el gobernante", puntualizó.
¿Qué busca el Ejecutivo con su demanda ante el TC?
El pronunciamiento de Campos se da en un contexto judicial clave para el Gobierno. Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) evaluó en Arequipa la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ), en relación a las investigaciones abiertas contra la presidenta Boluarte.
Con esta acción legal, el Gobierno busca que el TC interprete el alcance del artículo 117 de la Constitución, que limita los motivos por los cuales un presidente en funciones puede ser acusado.
Según este artículo, solo puede imputársele por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de lo permitido por la Constitución, o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
La demanda fue admitida a trámite tras haber sido inicialmente declarada improcedente por errores que luego fueron corregidos. El documento fue presentado el 25 de julio de 2024 y denuncia un "menoscabo" en las funciones presidenciales debido a las investigaciones no contempladas en el artículo 117.
El proceso ante el Tribunal Constitucional sigue su curso tras haber cumplido con los plazos establecidos. El pronunciamiento del TC será clave para definir si se limita o no el accionar del Ministerio Público en investigaciones contra un presidente en funciones.