Ordenan impedimento de salida del país de Alberto Fujimori

Cárcel efectiva. Sala Penal determinó que el expresidente deberá cumplir una eventual condena a prisión, pues el efecto del indulto no alcanza al caso Pativilca
Ordenan impedimento de salida del país de Alberto Fujimori Ordenan impedimento de salida del país de Alberto Fujimori

El colegiado B de la Sala Penal Superior Nacional ha dictado el impedimento de salida del país del expresidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca, porque -en esencia- desea garantizar que este no fugue del país y siga concurriendo a las audiencias jurisdiccionales para deslindar responsabilidad penal respecto a su presunta autoría mediata de esos hechos.

En una de las medidas adoptadas por la sala de justicia, se dejó en claro que si Alberto Fujimori fuese condenado por el caso Pativilca, este tendría que cumplir el fallo que se le pudiese imponer porque los alcances del indulto presidencial otorgado anteriormente a  AFF por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, solo correspondían a los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Así se desprende  del fallo emitido recientemente por el tribunal superior, que preside la jueza Miluska Cano, en concordancia de la solicitud expresa del fiscal superior Luis Landa Burgos, quien ha requerido además en su dictamen acusatorio que el exmandatario sea condenado a 25 años de carcelería efectiva.

Los fundamentos de la sala presidida por la vocal Miluska Cano, justificó  la medida porque Fujimori Fujimori tiene la calidad de reo contumaz y que la condición de tal trajo consigo su captura, medida que, según dicho tribunal superior, no fue impugnada por la defensa del exgobernante ante la instancia correspondiente, según se colige del pronunciamiento jurisdiccional.

Otro de los argumentos de la sala B fue que dicha medida coercitiva fijada a Alberto Fujimori  resulta indispensable para los fines del proceso  y siempre que no sea necesaria una limitación más intensa más allá de la libertad personal, que, en ese caso, no afecta ese derecho del  juzgado expresidente.

Por lo demás, el tribunal de justicia recordó que los ordenamientos procesales  (vigentes) consideran otras medidas restrictivas, como la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside el procesado, “pudiendo el juez tomar cualquiera de las medidas o combinar alguna de ellas, “a fin de no entorpecer la actividad probatoria y adecuando la defensa de los fines del proceso y el interés público teniendo en cuenta los hechos graves que se investigan”.

 

Derechos Humanos

La sala de justicia, en otro contexto, recordó que los hechos materia del proceso han sido calificados (en su oportunidad) “como delitos que constituyen grave violación a los derechos humanos con la connotación de lesa humanidad”.

En ese orden de ideas, el colegiado jurisdiccional estableció que el Estado (a través de los organismos correspondientes) “debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales iniciados en la jurisdicción penal común, y los que sean necesarios “para determinar las responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana”.

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