OPINIÓN | Walter Ríos Montalvo: El deber de buena fe en el fútbol (I)

Señala el artículo 1362° del Código Civil (CC) que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe.
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Gran sorpresa ha causado para los seguidores de las incidencias de la Copa Mundial de Fútbol que la mañana de hoy (miércoles) la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya despedido a su exentrenador Julen Lopetegui. En efecto, hace semanas era imprevisible pensar que la RFEF y el exseleccionador iban a desvincularse, sobre todo si ambas partes habían acordado alargar el contrato que los unía hasta el año 2020.

Probablemente, amable lector, usted no sea fanático del fútbol, no obstante, en esta ocasión el “Deporte Rey”, para quien suscribe estas líneas, es un pretexto para comentar acerca de comportamientos que bien podrían presentarse con mayor incidencia en el ámbito de las transacciones del mercado deportivo y, por qué no, en las relaciones comerciales entabladas entre privados.

Señala el artículo 1362° del Código Civil (CC) que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe.

Es seguro que alguien que no haya estudiado derecho no sepa el significado de las “reglas de la buena fe”, sin embargo, para los no especialistas en la materia, la buena fe puede ser entendida como el comportamiento leal que deben observar los contratantes; en el presente caso, que una parte contractual (entrenador de fútbol) no negocie a espaldas de la otra parte contractual (RFEF) un posible vínculo contractual que perjudique la relación contractual que se generará o extenderá entre ellos, pues, de no haberse ocultado esa información, el otro interesado (RFEF) simplemente no hubiese incurrido en el gasto de los recursos necesarios para entablar una negociación con el propósito de la constitución o prórroga de las obligaciones a asumir con quien no actuó de buena fe.

Queda claro, pues, que esta idea, al ser sustentable en una norma del CC que, por lo demás, se aplica a toda clase de relaciones contractuales generadas por los sujetos privados en distintos mercados, se replicaría a todos los supuestos similares que se presenten en nuestra realidad nacional. En ese sentido, no deberíamos descartar que, más allá de los contratos de consumo (no negociados) que se celebran en masa día a día, en algún momento pueda llegar a los Tribunales Nacionales un caso como el recientemente acaecido en tierras extranjeras, más con una solución que nuestra normativa está en capacidad de brindar.

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