OPINIÓN| Luis Angeles Laynes: Otorongo no come otorongo

Por eso y muchas cosas más, el pueblo pide reiteradamente el cierre del Congreso.

Otorongo no come otorongo, es la famosa frase que se hace muy frecuente en el Congreso de la República cuando de protegerse entre parlamentarios se trata. El uso y abuso de la inmunidad ha prevalecido siempre para blindarse de sanciones por ilícitos y actos cuestionables. Por eso la población los detesta y castiga con su desaprobación, que ahora llega a los límites máximos de casi al cien por ciento, pero eso les interesa poco o nada.Y no les importa porque persisten en blindajes, no solo de escándalo, sino vergonzosos, como el caso de Moisés Mamani, cuya suspensión de 120 días recomendada por la Comisión de Ética, por manosear a una aeromoza no ha sido incluida en la agenda del Pleno que se celebrará hoy en el hemiciclo del Poder Legislativo, y que será el último del año porque, ¡oh! sorpresa, nuestros ‘padres de la patria’ han decidido adelantar su semana de representación y por tanto se despiden de las actividades legislativas hasta el próximo año.

Es decir, el caso Mamani, que constituye la más grotesca agresión contra la mujer porque viene  de un representante del llamado ‘primer poder del Estado’, no será visto hasta marzo del 2019. Ya era cuestionable que solo se le sancione con cuatro meses de suspensión, cuando lo que merece este mal padre de la patria es el desafuero para ponerlo a disposición de la justicia y que sea esta quien le aplique la condena de cárcel que corresponde por el delito que ha cometido.Como diría el Chapulín Colorado, ‘todo está fríamente calculado’, y se han dilatado los plazos para no resolver hoy su caso, porque Mamani –argumentan– tiene derecho a que se respete el debido proceso y le den los tres días para ir con su abogado a defenderse de los cargos que le imputan. ¿Y los derechos de la aeromoza para que se sancione a su agresor? Del pedido de la Fiscalía para que le levanten la inmunidad, ni hablar, porque nadie sabe cuándo se atenderá.

El caso del general Edwin Donayre, condenado a cinco años y seis meses de prisión por el ‘gasolinazo’ cometido cuando no era congresista sino alto oficial del Ejército, es otra perla que deja pendiente la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que tomó la ‘brillante” decisión de no poner a votación su desafuero sino consultar la opinión de la Comisión de Constitución. Así las cosas, el pedido del Poder Judicial para ejecutar el arresto del legislador de APP se verá recién en marzo del próximo año. Por eso y muchas cosas más, el pueblo pide reiteradamente el cierre del Congreso.

 

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