OPINIÓN | Julio Schiappa: Desorden del Estado, injusticia y corrupción

Mas allá del escándalo Moreno, que seguramente merecerá películas y teleno­velas a pasto en el futuro, se han revelado redes de ne­gocios y ejercicio del poder en el Estado.

Por:  Julio Schiappa

El azar juega en la his­toria un rol decisivo. A veces más que mu­chos de los actos ra­cionales según los grandes historiadores del siglo pa­sado. Pero el desorden, apa­rentemente anárquico, a veces exhibe demostracio­nes de poder de los que no están en el escenario for­mal, eso se llama poder fác­tico o poder de hecho.

Un ejemplo claro de uso del desorden para fines pro­tervos es el llamado caso Moreno. No hubo hueco en el sistema que no utiliza­ra para crear una organiza­ción extractiva de escala in­dustrial para llevarse dinero del Estado.

Numerosos estudios de­muestran que el robo o de­lito en gran escala requiere gerentes, tesoreros, testa­ferros y poder político, mu­cho poder para evitar caer en manos de la justicia. Ver la serie ‘Narcos’, ahí está el modelo.

Mas allá del escándalo de Moreno, que seguramente merecerá películas y teleno­velas a pasto en el futuro, se han revelado redes de ne­gocios y ejercicio del poder en el Estado a gran escala.

Unos cuantos ejemplos del desorden corrupto que existe en los grandes cen­tros de gasto y decisiones del Estado ilustran esos riesgos.

Uno se pregunta por qué la malaria y otras epidemias asuelan el Perú. El hecho es que una vez adquiridas las vacunas no hay ningún con­trol de su uso. No existe un registro de los usuarios fina­les de los millones y millones de vacunas que el Estado compra hace años. Es fácil robarlas y distribuirlas en el sector privado, dispuesto a compartir el pecado. Otro ejemplo del desorden, que favorece acciones corrup­tas, tiene que ver con algu­nos gigantes mineros.

La rebelión en Las Bam­bas fue causada por el cam­bio de camino vecinal a ruta nacional de una carretera, el 26 de julio de este año. Así los comuneros se quedaron sin poder ejercer control so­bre la pista que recorren 250 camiones por día fren­te a sus casas. Acto ventajis­ta que debería ser revocado por el Gobierno actual. Usa­ron el desorden para afec­tar derechos de los habitan­tes de Las Bambas en un fin de gobierno caótico como el de Ollanta Humala.

Otro acto de mala fe fue la autorización, por el pre­sidente Alan García, al pro­yecto Conga el 27 de julio del 2011, al burlar a las co­munidades de Cajamarca y evitar el diálogo y la nego­ciación, frustrando defini­tivamente el proyecto a un costo fabuloso. Los gesto­res de Conga aprovecharon el desorden de la transición a Ollanta Humala, la debili­dad del Estado e influencias indebidas para meter por la ventana una decisión social y moralmente suicida.

El Estado nació para li­mitar la violencia y promo­ver la paz social. El desor­den está costando miles de millones al país. Su desor­den actual es la negación del pacto social entre peruanos.

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