OPINIÓN | Julio Schiappa: 200 años sin informalidad  

Para que el Estado y las instituciones se cohesionen, es necesario incorporar a la legalidad a la mayoría de peruanos que viven y producen fuera de ella.
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Durante 50 años el país se urbanizó más rápido que cualquier otro en América Latina, el Estado fue rebasado por la masa de migrantes y sus instituciones fueron reformuladas y debilitadas por la ola de demandas de los recién llegados. Hoy, casi 70 años después, la tarea de integrar al 80 por ciento de los productores, que son informales, es la primera misión del Estado peruano.

Las cifras de la informalidad son contundentes. De 7 millones de viviendas que existen en el Perú, solo 661 mil de ellas están inscritas en la Sunarp, la entidad del sector Justicia que registra la propiedad. De los 2 millones de unidades empresariales existentes, el 90 por ciento son microempresas informales  y 70 por ciento de los trabajadores del país trabajan en estas empresas sin ningún beneficio social.

Para que el mercado funcione adecuadamente es necesario que exista una masa de consumidores estables, esto es, trabajadores cuyo poder adquisitivo permita el funcionamiento de la oferta y la demanda.

Para que el Estado y las instituciones se cohesionen, es necesario incorporar a la legalidad a la mayoría de peruanos que viven y producen fuera de ella.

Quizás los sectores que mejor ejemplifican los resultados extremos de la informalidad son los mineros aluviales de zonas de la Amazonía, como Madre de Dios, adonde la deforestación y contaminación alcanzan niveles de Apocalipsis. Allí el mercado es reemplazado por el contrabando de oro ilegal, las relaciones laborales carecen de cualquier beneficio social, sin presencia del Estado para proteger a los trabajadores, y la producción del rico metal dorado no tiene un auténtico impacto de desarrollo. Finalmente, el Estado prácticamente no tiene poder en esta zona, manda la ilegalidad.

El proceso de formalización de los mineros informales, en los  finales de la gestión del presidente Ollanta Humala, no permitió que se formalice un solo minero, eso sí, costo más de 200 millones de soles.

La dinamita y la destrucción de maquinaria no han disminuido la informalidad, solo la formalización pacífica y las soluciones de mercado (compra de metal a mejor precio para evitar el contrabando, por ejemplo) pueden generar una nueva situación que permita una explotación minera sin dañar los bosques y ríos.

En el marco de un nuevo proceso de formalización, el gobierno debería, como sugiere el especialista Horario Gago, proponerla como meta del bicentenario. Para ello deberían centralizarse los Registros Públicos y Cofopri en un solo programa de registro de la propiedad rural y urbana, que incluya la minería y otros sectores. La titulación es el primer paso para incorporar a la legalidad a estos millones de peruanos. Y resulta tan importante para el país que Gago, quien trabajó con Hernando de Soto, lo propone como meta número uno del Estado para los 200 años de aniversario de nuestra Independencia.

¿Qué espera el actual gobierno para enfrentar esta promesa de la vida peruana, como diría Jorge Basadre?

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