Una provincia de Canadá prueba la despenalización de las drogas duras
Columbia Británica, de cinco millones de habitantes, es la primera provincia canadiense en poner en marcha esta medida, hasta ahora aplicada solo en el estado estadounidense de Oregón y en Portugal. Durante los tres años de este proyecto piloto, los adultos en Columbia Británica que se encuentran con hasta 2,5 gramos de estas drogas, en lugar de enfrentar la cárcel o multas, recibirán información sobre cómo acceder a los programas de tratamiento de adicciones. La policía tampoco incautará sus drogas. Pero los vendedores y traficantes de drogas duran seguirán enfrentándose a procesos penales.
"La situación nunca ha sido más urgente", dijo la ministra de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett, la víspera de la entrada en vigor de las nuevas reglas, que según sugirió en mayo pasado, podrían expandirse a otras provincias canadienses.
Columbia Británica, epicentro de esta crisis en Canadá, ha registrado más de 10.000 muertes por sobredosis desde que declaró el estado de emergencia de salud pública en 2016, lo cual supone unas seis personas al día. A nivel nacional, el número de muertes superó las 30.000. Y durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en mayo de 2020, el número de muertes relacionadas con sobredosis en Columbia Británica sobrepasó el de muertes por el coronavirus. El cambio de política busca eliminar el estigma asociado con el consumo de drogas que impide que las personas busquen ayuda y fomentar la noción de que la adicción es un problema de salud.
La vergüenza en torno al consumo de drogas "hacen que la gente oculte su adicción", dijo Bonnie Henry, funcionaria de salud pública de Columbia Británica. "Significa que mucha gente muere sola". Kathryn Botchford, cuyo esposo Jason murió de una sobredosis de drogas en 2019, espera que el cambio contribuya a que las personas busquen ayuda.
"Cuando me enteré de cómo murió, pensé que era un error. Jason no consume drogas. Tenemos tres hijos pequeños y él conoce los riesgos", contó. "Pero me equivoqué. Murió solo consumiendo una sustancia ilegal".
"Un comienzo"
Scott MacDonald, médico de una clínica de Vancouver que fue la primera en Norteamérica en proporcionar heroína controlada a sus pacientes, cree que la nueva política hará que las personas recurran más a los servicios de salud "que tan a menudo necesitan". El hecho de que la policía ya no confisque sus drogas también reducirá su estrés, dijo a la AFP.
Canadá ha invertido más de 800 millones de dólares canadienses (USD 600 millones) desde 2017 para responder directamente a la crisis de los opiáceos, que ha sido en gran parte responsable del estancamiento de la esperanza de vida en los últimos años. Esto incluye el tratamiento de la adicción, los suministros de naloxona (el medicamento que puede revertir la sobredosis de opiáceos) y la apertura de 39 sitios de consumo de drogas supervisados en todo Canadá. Bennett dijo éxitos como las más de 42.000 sobredosis impedidas en sitios de inyección de seguros y más de 209.000 personas derivadas de los servicios sociales y de salud en los últimos años.
"No existe una solución única para prevenir o reducir las muertes por sobredosis, pero esta política es un comienzo", afirmó, aunque reconoció que el acceso al tratamiento sigue siendo un problema.
La exención del código penal otorgado a Columbia Británica para el proyecto piloto convierte a la provincia en la segunda jurisdicción de Norteamérica en despenalizar las drogas duras después de que Oregón lo hizo en noviembre de 2020.
Oregón experimentó una caída dramática en los arrestos, y esto alivió la carga para el sistema de justicia, pero la iniciativa se enfrentó a críticas debido a que relativamente pocas personas (menos del 1%) aceptaron las ofertas de ayuda para tratar la adicción. "Su esfuerzo por alejar a la gente (de las drogas) fracasó por completo", dijo a la AFP el investigador de Stanford Keith Humphreys.
Según los expertos, la decoración de fondos ha sido caótica e increíblemente lenta en este estado donde el sistema de salud es uno de los peores de Estados Unidos. Isabelle Fortier, del grupo canadiense Moms Stop The Harm, cuya hija murió de una sobredosis en 2019, dijo que la despenalización es un buen primer paso, pero que se necesita más.
"No va a resolver la crisis", dijo a la AFP. "Pero tal vez pueda ayudar", añadió, "al evitar que las personas caigan en una pendiente resbaladiza y sean estigmatizadas aún más porque tienen antecedentes penales".