Nueva denuncia contra Lula y su hermano en caso Odebrecht
El Ministerio Público del estado brasileño de São Paulo informó que denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y a su hermano por delitos de corrupción pasiva relacionados con la constructora Odebrecht.
"El grupo de la Operación Lava Jato en São Paulo denunció al expresidente Lula y a su hermano, Frei Chico, por corrupción pasiva continuada", informaron los fiscales en un comunicado.
Los dueños de Odebrecht, Emilio y su hijo Marcelo Odebrecht, y el ex director de la empresa, Alexandrino de Salles Ramos Alencar, fueron denunciados por corrupción activa continuada.
Según la Fiscalía, el hermano de Lula, sindicalista en el sector del petróleo, recibió pagos por parte de Odebrecht entre 2003 y 2015 que llegaron a un valor de 1,13 millones de reales (más de 274.000 dólares).
Los fiscales consideran que esos pagos formaban parte de un "paquete de ventajas indebidas ofrecidas a Lula, a cambio de beneficios diversos obtenidos por Odebrecht junto al Gobierno federal".
Largo vínculo con constructora
La relación habría empezado en la década de 1990, cuando la compañía tenía problemas con los sindicatos debido al programa para privatizar muchas empresas estatales del sector químico y petroquímico.
Según los investigadores, el presidente de Odebrecht, Emilio Odebrecht, se aproximó a Lula y éste le sugirió que contratase a su hermano para que intermediase un diálogo entre la empresa y los trabajadores.
Frei Chico, entonces, fue contratado y pagado legalmente como consultor, pero en 2002, después de que Lula ganase las elecciones, Odebrecht rescindió su contrato.
Sin embargo, apuntan los fiscales, los pagos al hermano de Lula continuaron para "mantener una relación favorable a los intereses de la compañía".
A partir de 2002 se hacían de forma oculta, a través del sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido en las investigaciones como la división de las coimas.
Cuando Lula terminó su mandato, en diciembre de 2010, Marcelo Odebrecht decidió mantener los pagos ocultos.
La Fiscalía apunta que los delitos de corrupción activa pasiva tienen una condena que va de dos a 12 años de cárcel en función de la gravedad, pero que pueden aumentar a 20 años por el hecho de haberse producido de forma continuada.