Niegan extradición de exlíder FARC y renuncia el fiscal general
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció este miércoles a su cargo como consecuencia de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos por narcotráfico al exjefe de las FARC Jesús Santrich.
"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", dijo Martínez en una declaración a la prensa.
Martínez tomó posesión de su cargo el 1 de agosto de 2016 ante el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos (2010-2018).
Minutos antes de la renuncia de Martínez la JEP denegó la extradición del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", detenido desde el 9 de abril de 2018 tras ser requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, y pidió a la Fiscalía que lo deje en libertad.
"JEP Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata", afirmó el tribunal en su cuenta de Twitter.
Antijurídico
"Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación", aseguró Martínez.
El funcionario agregó que la decisión de la JEP, "desafía" la evidencia aportada por EE.UU. y la propia Fiscalía, "hace trizas la cooperación judicial internacional y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia".
Al comentar el caso de Santrich, Martínez manifestó que "en el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional".
"En adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas", afirmó.
Martínez enfatizó en que las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron mutiladas "y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡Todo esto en nombre de la paz!".
Igualmente consideró que la decisión de la JEP "confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia".