Los sindicatos recrudecen su pulso contra reforma de las pensiones en Francia
"Si el gobierno sigue sin escuchar, tendremos que pasar al siguiente nivel", advirtió el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, pidiendo huelgas "más duras, más numerosas, más masivas e indefinidas", al inicio de una marcha en París.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al aumento para 2027 de 42 a 43 años del tiempo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, como propone el gobierno. Respaldados por ese rechazo, los sindicatos libran una ofensiva con huelgas y protestas pacíficas que el 31 de enero se tradujo en la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas (entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles).
Pero, pese al fuerte rechazo, el gobierno mantiene su plan, que busca a su juicio evitar un déficit de unos 14.600 millones de dólares en la caja de las pensiones para 2030 y acercarse a la realidad en otros países europeos. Por ahora, la relación de fuerzas parlamentaria le favorece. El lunes, en la primera jornada de debate plenario en la Asamblea (cámara baja), 292 diputados votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía la retirada del plan.
"El inmovilismo no está permitido", subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, quien defiende una reforma "abierta a mejoras".
"Bloquear el país"
La perspectiva de un endurecimiento de las protestas planea. "Si queremos que el gobierno ceda, la única manera es bloquear el país, el transporte, la energía, la juventud", dijo Arnaud Rougier, un manifestante de 55 años en Toulouse (sur).
Para Laurent Berger, líder del principal sindicato, el reformista CFDT, y partidario tradicionalmente del diálogo, el gobierno cometería una "locura democrática" si no escucha el rechazo mayoritario.
El éxito de la movilización está en las manifestaciones. Las autoridades calculan que las marchas previstas este martes reunirán a entre 900.000 y 1,1 millones de personas. El gobierno anunció el despliegue de 11.000 policías y gendarmes. Por su parte, las huelgas, que afectaron sobre todo al sector de los transportes, educación y energía, no han logrado paralizar la economía francesa. Este martes, el servicio de trenes y el transporte público de París estuvieron de nuevo "perturbados", aunque menos que en las anteriores, y se canceló un vuelo de cada cinco en el aeropuerto parisino de Orly.
La CGT reivindicó una caída de 4.500 MW de producción de energía, equivalente a más de cuatro reactores nucleares, por los paros en este sector, así como una huelga del 75% y 100% en las refinerías de Total Energies (un 56% según la dirección). Aunque la reforma es una promesa electoral de Macron, los observadores estiman que su reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen.
Semanas después, el oficialismo perdió su mayoría absoluta en la Asamblea. Ahora espera el apoyo de la oposición de derecha Los Republicanos (LR) --favorable a la reforma pero con algunos cambios--, ante la negativa de las fuerzas de Le Pen y de la izquierda. El gobierno escogió, no obstante, un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en las dos cámaras del Parlamento y le permite aplicar su plan, si estas no se han pronunciado para el 26 de marzo.
El exterior de la Asamblea amaneció este martes con pintadas que proclamaban "64 años es no" o "Justicia fiscal", antes de ser borradas. Con la cuenta atrás activada, el tiempo apremia para los opositores. Los sindicatos ya llamaron a una nueva jornada de manifestación el sábado.