17/04/2019 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/01/2023
Estados Unidos endurecerá a partir de mayo el embargo a Cuba al implementar, por primera vez y pese a la oposición de la Unión Europea (UE), una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
Después de tres meses de amenazas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenará este miércoles levantar la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España.
La medida entrará en vigor a partir del 1 de mayo, cuando caduca la última suspensión del Título III dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicaron a Efe fuentes oficiales.
Su aplicación permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Protesta la Unión Europea
Esa decisión promete inflamar las tensiones con la UE, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington implementaba esa medida.
"(Los europeos) han tenido más de 23 años de suspensión (del Título III), de lucrarse con la propiedad robada a ciudadanos estadounidenses", añadió la fuente, que cuestionó que la OMC tenga jurisdicción para mediar en este caso.
La UE ya demandó a EE.UU. ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero retiró esa querella una vez que la Casa Blanca accedió a dejar en suspenso ese capítulo del texto.
Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han mantenido, en notificaciones regulares al Congreso, la suspensión del Título III, hasta que Trump lo puso en duda este año en el marco del recrudecimiento de su política hacia Cuba.
El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, explicó a Pompeo este mes que Madrid se oponía a la entrada en vigor de esa medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas como el grupo Meliá, con sede en España y que opera en Cuba.
A esa compañía hostelera no solo podría afectarle la aplicación del Título III, sino también la decisión de la Casa Blanca de empezar a implementar también el Título IV de la ley, que restringirá la entrada en EE.UU. de quienes "posean propiedades confiscadas de estadounidenses o trafiquen con esas propiedades".
El Gobierno de Cuba también podría verse implicado en ese tipo de demandas, lo que crearía un "lío gigantesco" porque no se espera que acuda a defenderse en los tribunales estadounidenses, agregó.
