Condenan a seis años de prisión al fundador de un diario crítico del gobierno en Guatemala

Un tribunal en Guatemala ha sentenciado al fundador de un periódico crítico del presidente Alejandro Giammattei a seis años de prisión por un polémico caso de lavado de dinero, que ha sido denunciado por gremios internacionales de prensa. José Rubén Zamora Marroquín, fundador de El Periódico, fue condenado a seis años de prisión inconmutables. La Fiscalía había solicitado 40 años de cárcel, y tanto Zamora como la Fiscalía apelarán el fallo.

Zamora, quien ha estado recluido durante casi 11 meses, anunció que apelará para ser absuelto. El juicio ha sido catalogado como una "caza de brujas" por organizaciones de prensa y se llevó a cabo en medio de la campaña de las elecciones generales. El tribunal desestimó los cargos de chantaje y tráfico de influencias, pero impuso una multa de aproximadamente 37.500 dólares.

Zamora acusó al presidente Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras, de haber fabricado el caso para silenciarlo debido a las publicaciones sobre corrupción en el gobierno. El periodista afirmó que el dinero que se le imputaba provenía mayoritariamente de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que estaba enfrentando una crisis debido a las acciones del gobierno en su contra.

El cierre definitivo de El Periódico se produjo el 15 de mayo, tras denunciar persecución penal y presión económica. Varios periodistas del medio se exiliaron después de que un juez autorizara investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora.

Este juicio y las investigaciones posteriores contra Zamora han sido criticados tanto por Estados Unidos como por organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales. Se considera un acto de intimidación y una caza de brujas contra la prensa independiente en Guatemala.

El caso de Zamora se suma a la detención de exfiscales y jueces que investigaron casos de corrupción en el país, muchos de los cuales ahora enfrentan acusaciones de abuso de autoridad. Según Human Rights Watch, ocho están en prisión y más de 30 se encuentran exiliados. La situación plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa y el estado de la democracia en Guatemala.