OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: Sunedu, ¿pasado o futuro imperfecto?

En el presente artículo deseo referirme a otro aspecto puntual, que en mi opinión la Ley Universitaria tiene un énfasis totalmente equivocado
OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: Sunedu, ¿pasado o futuro imperfecto? OPINIÓN | Martín Belaunde Moreyra: Sunedu, ¿pasado o futuro imperfecto?

Sin duda la mayor innovación de la Ley Universitaria fue la creación  de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Las atribuciones de este organismo público fueron duramente criticadas por los más diversos sectores del mundo universitario. Eso se debió a que la Sunedu sustituyó a la ANR y al Conafu en la supervisión de las universidades existentes y en el establecimiento de las nuevas. Se dijo entonces por los defensores de la ley que ambos organismos eran controlados por las autoridades que precisamente debían ser supervisadas. Otro aspecto fuertemente criticado, estuvo referido a su naturaleza intervencionista, que violaba la autonomía universitaria. Todo ello originó una áspera polémica, en la cual al final prevaleció la autoridad legal de la Sunedu, que además obligó a las universidades del Estado a renovar sus cuadros directivos,

Después de estos acontecimientos, la Sunedu comenzó el proceso de licenciamiento de las universidades, consistente en la evaluación, acreditación y certificación de su organización académica, labores investigativas, procesos, proyectos, programas, examen de la calidad de su cuerpo docente, infraestructura y demás aspectos relevantes para licenciar a una universidad ya existente. A la fecha de este artículo, la Sunedu ha licenciado a 30 universidades, mediante resoluciones que constituyen un instrumento muy detallado de su funcionamiento interno. En el Perú existen hasta la fecha 143 universidades, de manera  que el proceso de licenciamiento solo ha alcanzado hasta ahora un 20% de las actuales universidades.

En el presente artículo deseo referirme a otro aspecto puntual, que en mi opinión la Ley Universitaria tiene un énfasis totalmente equivocado. Para el ejercicio de la docencia, el artículo 82° de dicha ley exige el grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado, el grado de maestro o doctor para maestrías y programas de especialización, así como el grado de doctor para la enseñanza a nivel de doctorado. ¿Y qué pasa con los profesionales que tienen un título otorgado a nombre de la Nación? En este aspecto, el artículo 82° de la Ley Universitaria es inconstitucional. Si un profesional que ha recibido un título universitario a nombre de la Nación, que lo autoriza a ejercer su profesión y a inscribirse en el Colegio Profesional respectivo, no puede enseñar temas de su materia, entonces se le está privando de un derecho esencialísimo en su ejercicio. Los profesionales no solo ejercen su profesión en las labores diarias de la misma. Una parte muy importante del ejercicio profesional debe y puede estar referido a su enseñanza a nivel universitario. Creo que aquí hay una rigidez formalista de la ley, con un grave error de enfoque en su aplicación. Es lógico que exista la aspiración que los profesionales puedan avanzar en el estudio de su disciplina y obtengan grados de Maestro o Doctor. Pero, ¿por qué privar a un abogado, ingeniero, médico o titular de cualquier otra disciplina, que enseñe por lo menos a nivel de pregrado? ¿De qué sirve entonces el título profesional? De acuerdo a la Ley Universitaria, sufre un gravísimo recorte. En mi opinión, el artículo 82° de la Ley Universitaria es inconstitucional, debiendo  ser modificado para corregir este vicio a fin de eliminar esta seria limitación

 

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