Entrevista
28/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 28/05/2024
En entrevista a Exitosa, el abogado del coronel Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, señaló que el proceso disciplinario contra su representado por parte de la Inspectoría de la PNP con motivo del allanamiento a la vivienda de la mandataria Dina Boluarte está "plagado de arbitrariedades y motivaciones revanchistas".
¡Fuerte y claro!
Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado desmereció la postura de la Inspectoría frente a su representado y otros altos mandos de la Policía Nacional del Perú.
Es una resolución plagada de arbitrariedades, de motivaciones revanchistas y aleccionadoras desde la perspectiva de la amenaza que deben sentir muchos miembros de la PNP en razón del cumplimiento de sus funciones, declaró a nuestro medio.
De acuerdo a su versión, el correctivo administrativo busca el sometimiento de los efectivos frente al Gobierno. "Si no estás de acuerdo o no eres sumiso respecto a las directivas del poder político estás fuera de juego, esa es la postura que se tiene", sostuvo.
Finalmente, Pérez Arroyo recordó que la diligencia efectuada en la casa de la jefa de Estado llevaba consigo un permiso de descerraje. "Lo que se ha hecho es ejecutar una resolución judicial bajo previa solicitud del MP", concluyó.
Antecedentes
La Inspectoría General de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú decidió iniciar un proceso administrativo disciplinario contra altos mandos policiales, incluyendo al coronel Harvey Colchado, por su participación en el allanamiento del domicilio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, el pasado 29 de marzo.
Según el documento, al que tuvo acceso Perú21, la medida de la Inspectoría General de la PNP alcanza al coronel PNP José Luis Oscanoa Oscanoa, el comandante PNP Jorge Luis García Caro, el capitán PNP Carlos Enrique Martínez García y el suboficial PNP Edgar Quispe Castillo.
Justamente, todos ellos fueron señalados por su participación en el allanamiento, que se desarrolló como parte del requerimiento del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, al Poder Judicial (PJ).
La resolución enfatiza en presuntas irregularidades de procedimiento. Puntualmente, menciona una falta de congruencia en la correlación de documentos judiciales entre el 29 y 30 de marzo, lo que sugiere una posible manipulación de la documentación para justificar la intervención policial.
De esta manera, el abogado Miguel Pérez Arroyo desmerció la resolución de la Inspectoría de la PNP contra Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, y otros altos mandos policiales.
