Presidente del Poder Judicial se pronuncia sobre juicio programado para 2037: "No debió darse"
Tras conocerse que los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto programaron juicio para juzgar a presuntos violadores de niños para el año 2037, el presidente del Poder Judicial se pronunció al respecto.
Para la alta autoridad, lo resuelto por los magistrados fue una decisión excepcional y que no debió ejecutarse de ninguna manera.
"Esto ha sido un situación excepcional que no debió darse, pero sí debo decirle que uno no de los problemas del Poder Judicial es la carencia de órganos jurisdiccionales porque no los puede crear porque el Estado no le otorga recursos necesarios, lo que no justifica ese atraso", aseveró.
¿Qué sucedió con el Poder Judicial?
Tras la denuncia por tocamientos indebidos contra dos niños de 12 y 13 años, los jueces del Juzgado de Tarapoto; Marco Antonio Tipiani Valera, Carlos Vásquez Torres y Amstrom Delgado Huamán establecieron como fecha para el inicio de audiencia el 1 de septiembre de 2037.
"Citar a juicio oral en la presente causa, audiencia que se llevará a cabo el día martes primero (01) de setiembre del año dos mil treinta y siete 2037, a horas tres y treinta de la tarde (3:30 PM), dejándose que la audiencia tiene CARÁCTER DE INAPLAZABLE; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 355° ", resolvió el Juzgado.
Ello generó polémica en la comunidad provocando que la sala reprograme la audiencia para el 5 de diciembre de 2024 a las 8:00 a. m.
No obstante, la Corte Superior de Justicia de San Martín lamentó lo sucedido argumentando que no comparten la conducta, por consiguiente, comunicaron al Órgano de Control Disciplinario para que tomen las acciones correspondientes y evalúen medidas disciplinarias.
"No compartimos la conducta de los señores jueces especializados titulares integrantes de dicho Juzgado, de programar el inicio del juicio oral, en el expediente 00681-2022-87-2208-JR-PE-02, para el año 2037", sostuvieron.
Caso de vulneración de derechos
El caso ocurrió en 2022 cuando Lincer Murrieta y Llyser Satalaya abordaron a los pequeños, quienes retornaban a su casa en un caserío de San Martín tras asistir al colegio. Ambos victimarios sometieron a los niños a tocamientos indebidos.
Los sujetos fueron acusados en el mismo año ante las autoridades. Aunque hubo gravedad en lo denunciado, el PJ dispuso que el proceso judicial recién inicie en 2037 cuando los niños ya tengan 25 y 26 años.
Ante la gravedad de los hechos, el presidente del Poder Judicial tuvo que pronunciarse sobre la programación del juicio para 2037 rechazando lo dispuesto por los integrantes de su organismo y señalando que la situación fue excepcional.