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22/04/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 22/04/2025
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, y el congresista José María Balcázar. Ambos son acusados por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado.
¿De qué se acusa a Patricia Benavides y José María Balcázar?
Según la tesis fiscal, durante su gestión al frente del Ministerio Público, Patricia Benavides habría acordado con el legislador Balcázar Zelada, mediante sus asesores, un intercambio de favores que incluía influencias en procesos penales y decisiones políticas clave.
El objetivo habría sido favorecer al parlamentario en el proceso penal que enfrentaba ante la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque.
A cambio, Balcázar habría comprometido su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso a favor del archivamiento de las denuncias constitucionales que recaían sobre Benavides, quien entonces enfrentaba cuestionamientos por presuntos actos irregulares durante su mandato como fiscal de la Nación.
¿Qué otros hechos agravan la denuncia?
La investigación sostiene que José María Balcázar no solo buscó que se cerrara su caso judicial, sino que además habría solicitado el nombramiento de su nuera como fiscal adjunta, lo que constituiría una forma de presión indebida dentro del aparato estatal. Esta exigencia se suma al supuesto pacto de impunidad entre ambos personajes.
También se menciona en la denuncia una presunta interferencia de Benavides en el caso Valkiria Cinco, en la que habría tratado de evitar la detención de su exasesor Jaime Villanueva.
En el marco de este caso, la Primera Fiscalía Suprema Especializada ha iniciado diligencias preliminares contra los fiscales Elmer Ríos Luque y Marena Mendoza Sánchez, quienes habrían tenido participación directa en el desarrollo del expediente penal contra Balcázar y estarían vinculados con las decisiones cuestionadas por el Ministerio Público.
Este nuevo episodio se suma a las investigaciones ya existentes contra Patricia Benavides por presuntos actos de obstrucción a la justicia y uso indebido del poder en el Ministerio Público. La denuncia, ahora en manos del Congreso, deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que definirá si procede su admisión y posterior debate en el Pleno.
La situación compromete aún más a la exfiscal de la Nación, cuyo mandato ya había sido duramente cuestionado por denuncias previas. El caso también pone bajo la lupa el uso de influencias políticas en procesos judiciales y decisiones institucionales que deberían regirse por la autonomía y la legalidad.
