Poder Judicial ordena al Ejecutivo entregar planes operativos para controlar protestas contra Dina Boluarte

Este viernes 28 de junio, el Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior entregar los planes operativos que se llevaron a cabo para controlar las protestas contra Dina Boluarte, ocurridas entre 2022 y 2023.

Importante

A través de un comunicado por la plataforma X, el PJ informó que el Poder Ejecutivo deberá entregar los planes operativos elaborados para controlar las protestas contra la toma de mando de Dina Boluarte, que se realizaron en nueve departamentos del Perú.

"El Poder Judicial ordena a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior cumpla con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023", indica el texto.

Según informa la institución judicial, la decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, que se encuentra presidida por el juez César San Martín. Ello tras declarar improcedente las apelaciones presentadas por las procuradurías de las referidas instituciones. 

El fallo precisa que "la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido"

Asimismo indica que "el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública".

Denuncia ante la Corte Penal Internacional

El pasado 25 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra la presidenta de la República Dina Boluarte por la muerte de 49 personas en el marco de las protestas en su contra.

Ambas organizaciones de derechos humanos se reunieron con la Fiscalía de la CPI para mostrar evidencia de que los asesinatos e intentos de asesinato durante las protestas contra el régimen se trataron de ataques sistemáticos.

En el documento presentado ante CPI este punto se fundamenta con informes detallados sobre las muertes registradas, donde se especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones.

Asimismo, sostuvieron que militares y policías realizaron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, atentando principalmente contra "hombres jóvenes e indígenas".

De esta manera, el Poder Judicial ordenó al premier y a los ministros de Defensa y el Interior que otorguen los planes operativos que fueron elaborados para controlar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.