Por intento de golpe de Estado
27/07/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/07/2023
El Poder Judicial (PJ) dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente de la República, Pedro Castillo, y los exministros Bettsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres.
Por intento de golpe de Estado
La medida fue aprobada por el juez Juan Carlos Checkley en el marco de la investigación por los presuntos delitos de rebelión y otros, tras el intento de cierre inconstitucional del Congreso de la República, el pasado 7 de diciembre de 2022.
El documento oficial precisa que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos fue quien solicitó dicho requerimiento a la justicia peruana.
En ese sentido, el organismo apuntó que la aprobación del pedido del Ministerio Público (MP) se dio por una "conducta altamente perniciosa al sistema democrático y al Estado de Derecho".
"Se pretende alcanzar, esto es la persecución eficaz del delito, respecto a una conducta altamente perniciosa al sistema democrático y al Estado de Derecho, como son los delitos de rebelión y conspiración", menciona el expediente de la Corte Suprema de Justicia.
Precisiones del caso
El dictamen también engloba al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, su antecesor Raúl Alfaro; así como, a los jefes policiales Vicente Álvarez Moreno, Manuel Lozada Morales, Eder Infanzón Gómez y los exfuncionarios Luis Alberto Mendieta Gavirondo, Fernando Aliaga Alejo y Juan Navarro Pando.
Cabe indicar que, el PJ ordenó a las principales operadores del servicio de telefonía en el Perú que otorguen el registro histórico del tráfico de llamadas de las mencionadas personas a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, durante el periodo comprendido del 1 al 8 de diciembre del 2022.
Otras disposiciones
Como se recuerda, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia también ordenó el embargo de cuatro propiedades del exjefe de Estado y ocho en el caso del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En primer lugar, Castillo Terrones fue incautado, en forma de inscripción e inhibición, de sus residencias ubicadas en Anguía, Chota, Cajarmarca en el Pueblo de Tacabamba.
Por otro lado, las viviendas en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo fueron las propiedades confiscadas a Torres Vásquez por orden del juez Juan Carlos Checkley.
De esta manera, el Poder Judicial aprobó la solicitud de la Fiscalía, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de rebelión y otros, tras el intento de cierre del Congreso por Pedro Castillo y sus exministros, en diciembre pasado.
