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16/02/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 16/02/2025
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional decidió extender por ocho meses la investigación contra la excongresista María Cordero Jon Tay.
Esta medida fue tomada luego de un pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que lleva a cabo la pesquisa por los presuntos delitos de concusión y otros actos ilegales relacionados con su gestión como legisladora.
El juez supremo Juan Carlos Checkley, al aprobar la solicitud de la Fiscalía, argumentó que este plazo adicional es necesario para realizar diversos actos de investigación que están pendientes en el caso, como el levantamiento del secreto bancario de la excongresista, la declaración de la propia investigada, y la toma de testimonios de otras personas vinculadas al proceso.
¿Por qué se solicita la ampliación de la investigación?
La Fiscalía ha solicitado esta ampliación para reunir los elementos de convicción necesarios que permitan decidir si se formula una acusación formal contra Jon Tay. En el marco del Código Procesal Penal, el objetivo de este periodo adicional es permitir que tanto el Ministerio Público como la defensa puedan presentar sus pruebas y preparar adecuadamente el caso.
Según la resolución judicial, se necesita tiempo para completar la investigación, que hasta el momento se ha considerado compleja debido a la cantidad de pruebas y documentos que se deben analizar. Además, la fiscalía aún debe ejecutar diligencias claves como la declaración de la propia investigada y de personas cercanas al caso.
¿Cuáles son los cargos contra la excongresista?
La excongresista Jon Tay es acusada de haber solicitado el 50 % del sueldo de su asesor, Rafael Cabrejos, cuando presidía la Comisión Especial Multipartidaria para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes.
Según las investigaciones, entre los años 2022 y 2023, la exlegisladora recortó un total de S/80,000 de su sueldo. La fiscalía la investiga por el presunto delito de concusión, consistente en el cobro indebido de una parte del salario de sus colaboradores.
La situación llevó al Congreso a suspender a Jon Tay mientras se resuelve su caso. Sin embargo, la moción para inhabilitarla por un período de diez años en el ejercicio de la función pública no alcanzó los votos suficientes en el Pleno del Congreso.
Medidas cautelares y derechos de la exlegisladora
En agosto de 2024, la Corte Suprema resolvió que Jon Tay enfrentara una serie de restricciones, como no poder salir de la ciudad donde reside, mantenerse alejada de los testigos del caso y pagar una caución de S/ 50,000.
No obstante, su abogado ha señalado que no ha habido obstáculos durante la investigación por parte de la exlegisladora y que esta se abstuvo de declarar en ejercicio de su derecho a no autoincriminarse.
El abogado también adelantó que está recopilando documentación para presentar un recurso de nulidad sobre todo lo actuado en el Parlamento, debido a lo que considera vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa de Jon Tay.