Presentará apelación
12/03/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/03/2025
El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras hallarlo culpable del delito de peculado doloso en agravio del Estado. La sentencia fue emitida por la magistrada Norma Carbajal, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, durante la audiencia de adelanto de fallo realizada el miércoles 12 de marzo.
Además de la pena privativa de libertad, se le impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos y una sanción económica que asciende a más de 191.000 soles entre indemnización y multa.
La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el próximo 21 de marzo, fecha en la que la decisión deberá quedar firme. Mientras tanto, el exlegislador podrá acogerse a un recurso de apelación y deberá cumplir con estrictas reglas de conducta para evitar la revocación de la suspensión provisional.
¿Cuáles son las restricciones impuestas a Salaverry?
Mientras se resuelve su apelación, Daniel Salaverry deberá cumplir una serie de medidas impuestas por el tribunal. Entre ellas, la obligación de presentarse el primer día de cada mes ante la autoridad judicial para el control biométrico.
Asimismo, tiene prohibido ausentarse de su domicilio sin previa autorización del juez competente y deberá atender todas las citaciones de las autoridades judiciales y fiscales.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Penal Especial advirtió que la suspensión de la ejecución de la condena podría ser revocada, lo que implicaría su inmediata reclusión en un establecimiento penitenciario.
¿Por qué fue condenado el excongresista?
La Fiscalía sustentó que, durante su periodo como congresista de Fuerza Popular entre 2017 y 2018, Daniel Salaverry utilizó de manera indebida un monto de 10.000 soles asignado por la Dirección General de Administración del Congreso para actividades de la semana de representación.
Según la acusación, en cuatro oportunidades (noviembre y diciembre de 2017, enero y marzo de 2018), el entonces parlamentario no asistió a las actividades programadas en su región, La Libertad, y tampoco devolvió los fondos asignados.
El Ministerio Público argumentó que este uso indebido de recursos públicos configura el delito de peculado doloso, al haber apropiado estos fondos en su beneficio y en favor de terceros. El tribunal coincidió con esta postura y determinó su responsabilidad penal.
El caso de Daniel Salaverry refleja la importancia de la fiscalización en el uso de los recursos públicos asignados a los congresistas para su labor de representación. La condena impuesta por el Poder Judicial subraya la gravedad de las irregularidades detectadas en la gestión de estos fondos y establece un precedente en materia de lucha contra la corrupción.
