¡Atención!
29/03/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 29/03/2024
El Poder Judicial (PJ) rechazó la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte que pretendía archivar la investigación por las muertes en las protestas, así como anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía ante el Congreso en contra suya por lo ocurrido a fines del 2022 e inicios del 2023.
¡Atención!
La Corte Suprema de Justicia de Lima (CSJL) no admitió el recurso impuesto por la mandataria de la República para frenar que la acusación del Ministerio Público (MP) sea vista en la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC), pase a la Comisión Permanente, y llegue hasta el Pleno del Parlamento.
De acuerdo al juez Jonathan Valencia López, la disposición fiscal cumple con los estándares y no evidencian actos que constituyan una violación de los derechos, como alegó la jefa de Estado, por lo que desestimó el requerimiento de la misma.
"Por las razones expuestas, el juez titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con las facultades establecidas en el Nuevo Código Procesal, resuelve declarar infundada la demanda interpuesta por Dina Boluarte Zegarra contra la Fiscalía y otros", se lee en el documento.
Antecedentes
Como se recuerda, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes en las manifestaciones, ello unos días antes que fuera removida temporalmente de su cargo— por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)— a raíz del caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.
Según la imputación, la mandataria habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos, y eviten el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal militar a cargo del control de las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Sobre estas fuerzas del orden, la jefa de Estado, Dina Boluarte, tendría una posición de dominio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional.
Debido a ello, Boluarte habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de Christopher Michael Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca; y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo Reyes.
De esta manera, el PJ no admitió el recurso impuesto por la presidenta Dina Boluarte para frenar que la acusación de la Fiscalía de la Nación en su contra.
