24/09/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 24/09/2024
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de un pronunciamiento, comunicó que la Ley de Crimen Organizado no obstaculizó el allanamiento de la vivienda del presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.
También, se precisó que ningún allanamiento se ha frustrado o visto impedido de realizarse ante la falta de defensores públicos. En ese sentido, precisaron que la Ley del Crimen Organizado "favorece la continuidad" de las investigaciones.
"Ningún allanamiento se ha frustrado hasta ahora por la falta de defensores públicos. La Ley de Crimen Organizado favorece la continuidad de las diligencias. Antes de su entrada en vigencia se registraban denuncias por supuestas malas prácticas de policías y fiscales (incautación de bienes que no corresponden, sembrado de pruebas, arbitrariedades y excesos)", se explica.
"No es necesario un abogado para el allanamiento"
En el oficio, también se menciona que la normativa establecida le permite al investigado tener derecho a la defensa, y a tener a un abogado. Asimismo, se indica que estos allanamientos pueden realizarse sin la presencia de los mismos.
"Con la aplicación de la normativa vigente se garantizan derechos constitucionales como el derecho a la defensa y la libre elección de su abogado. Es importante reiterar que no es necesaria la presencia del abogado para que se lleve a cabo el allanamiento. La Policía y la Fiscalía pueden garantizar que no se pierda la prueba y hacer efectiva la detención de los involucrado", se lee.
Versiones enfrentadas
En horas de la tarde del presente martes, integrantes del Ministerio Público se acercaron hasta la vivienda de Andrés Hurtado, en Miraflores, para recoger la evidencia necesaria alrededor de su caso.
A pesar de la llegada de los fiscales hasta el inmueble, estos no logran hacer efectiva la orden del Poder Judicial, reportándose que esto ocurrió debido a la cuestionada ley recientemente aprobada por el Congreso la cual indica que el abogado debe estar presente.
Por ello, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió encarecidamente a la Defensoría Pública la presencia de uno de sus integrantes para proceder al ingreso a dicho inmueble la cual resultaría vital en el caso contra Chibolín.
Sin embargo, todo esto fue desmentido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes rechazaron que el allanamiento se haya detenido por la nueva Ley del Crimen Organizado.