Disputa por leyes de dominio
13/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/08/2024
Mediante un comunicado expuesto tras una junta extraordinaria de los Fiscales Supremos, el Ministerio Público exhortó al Tribunal Constitucional rechazar la demanda interpuesta por inconstitucionalidad presentada por el defensor del pueblo contra algunos artículos del Decreto Legislativo 1373. El mismo refiere la extinción del Dominio.
De este modo, señalan que, de proseguir la denuncia de inconstitucionalidad, esta sería un gravísimo retroceso contra la lucha de contra la criminalidad, que afecta con informalidad económica al Estado, los peruanos y que Fiscalía enfrenta constantemente.
Es importante resaltar que la misma iría en contra de tratados internacionales como la Convención de Viena, que busca enfrentar el tráfico ilícito de drogas. La Convención de Palermo, que busca acabar con el crimen organizado y el terrorismo, y la Convención de Mérida, cuya finalidad es dar término a la corrupción de funcionarios.
¿Qué dice el mensaje del Ministerio Público?
La misiva insta a que el TC declare infundada la demanda, resalta que esta normativa lucha contra la informalidad patrimonial en el país y es de suma importancia para la formalización en el Perú.
"La extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino una restauración del orden jurídico, la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal y otros delitos que afectan gravemente el orden económico y social de nuestro país", acota el mensaje.
Con respeto a la propiedad privada
Del mismo modo, acotan que la Ley de Extinción de Dominio enfatiza en la intervención en el marco del derecho a la propiedad, siempre que se realice en un proceso judicial que respete todas las garantías del debido proceso. Alegan además que no se trata de una expropiación arbitraria, sino de una medida jurídica, legal que está basada en la protección de la 'buena fe'.
"No se trata de una expropiación arbitraria, sino de una medida legal, que protege incluso a terceros de buena fe, que se justifica como medida proporcional al interés superior de combatir la criminalidad, recuperar los bienes de origen ilícito; así como erradicar la informalidad patrimonial", acotó.
Fue así que la Junta de Fiscales Supremos lanzó un comunicado acentuando la discrepancia del Ministerio Público para con la denuncia interpuesta por el defensor del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373, que busca la extinción del dominio. Remarcan que, de progresar, sería un retroceso en la lucha contra la informalidad patrimonial.
