En comunicado
23/01/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/01/2025
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, exfiscal supremo, juez superior y exmiembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La acusación se basa en presuntos actos de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, Arce Córdova habría incrementado de manera sustancial e ilícita su patrimonio durante el período 2009-2019. Una pericia contable financiera determinó que el monto ascendería a S/ 1,394,302.20. Además, la Fiscalía advierte que la suma podría superar los S/ 2.4 millones tras analizar la documentación recopilada durante la investigación.
¿Qué se detalla en la denuncia?
La denuncia señala que Arce Córdova, aprovechando su posición como alto funcionario, habría abusado de su cargo para obtener un beneficio personal indebido. Este comportamiento, según la Fiscalía, configura el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en el marco legal peruano como un grave acto de corrupción.
La investigación incluye análisis patrimoniales, informes periciales y evidencia documental que sustentan las sospechas de un incremento injustificado en los bienes del exmagistrado.
Investigado por cohecho y tráfico de influencias
Anteriormente, la Fiscalía había denunciado a Luis Arce Córdova, por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. Se le acusa de haber utilizado su cargo para influir en favor de los intereses del alcalde de Carmen de la Legua - Reynoso, obteniendo beneficios indebidos a cambio.
La denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público será evaluada por las instancias correspondientes, en este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que decidirá si procede el proceso contra el exfiscal.
Ahora, el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar el caso y garantizar que se respeten los procesos legales en busca de esclarecer los hechos y sancionar cualquier acto de corrupción.
