Judiciales
Delito de peculado

José Luis Gil: Confirman sentencia contra exdirector de Digimin por usar policías para fines personales

El Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de prisión efectiva contra el exfuncionario por utilizar agentes policiales en tareas personales. La sentencia fue impulsada por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
José Luis Gil (Composición Exitosa)
24-04-2025

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima confirmó la sentencia emitida en primera instancia contra José Luis Gil Becerra, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimid) del Ministerio del Interior, por el delito de peculado por utilización.

La investigación del Ministerio Público, liderada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, demostró que el exfuncionario hizo uso irregular de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes estaban oficialmente asignados como choferes en la Digimid. Sin embargo, fueron destinados a cumplir funciones personales ajenas a su labor institucional.

De acuerdo con las pruebas recopiladas, los agentes policiales fueron utilizados para asistir en labores privadas vinculadas a la esposa, el hijo menor y la empleada del hogar de Gil Becerra. Estas acciones fueron realizadas bajo la justificación falsa de brindar seguridad, sin que existiera una orden válida o un riesgo real que lo ameritara.

¿Qué determinó la Corte sobre la conducta del exfuncionario?

La sala penal consideró que no existía justificación legal ni operativa para la asignación de personal policial a actividades particulares del entorno familiar del sentenciado. Este comportamiento constituyó un uso indebido de recursos públicos, lo cual ocasionó un perjuicio económico para el Estado.

La sentencia ratificada establece cuatro años de prisión efectiva para Gil Becerra, pena que ha sido convertida a 206 días de prestación de servicios a la comunidad. 

Además, se le impuso seis meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, el pago de una reparación civil de S/ 5,000 a favor del Estado y una multa equivalente a 180 días.

El fallo reafirma los elementos probatorios presentados por la fiscalía, entre ellos testimonios, registros de servicio y documentos oficiales que evidencian el uso de los efectivos policiales fuera de sus funciones institucionales. 

Asimismo, se descartaron los argumentos presentados por la defensa del acusado, que intentó justificar el uso del personal bajo razones de seguridad.

¿Qué implica esta sentencia para la lucha contra la corrupción?

La confirmación de la sentencia contra Gil Becerra representa un nuevo avance en el combate contra la corrupción en la administración pública. Este caso se suma a otros procesos impulsados por la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que viene fortaleciendo el control sobre el uso de bienes y servicios del Estado.

El Ministerio Público ha destacado que esta decisión reafirma su compromiso de investigar y sancionar conductas que afectan los intereses del Estado y que representan una desviación de la función pública en perjuicio de la ciudadanía.