Inician diligencias contra Domingo Pérez por presunto uso de bienes del MP en audiencia como investigado
Ministerio Público (MP) dispuso el inicio de diligencias preliminares contra el fiscal José Domingo Pérez por un presunto caso de peculado de uso. El inicio de estas acciones responde a la denuncia de que Pérez utilizó bienes del MP para su propia defensa durante una audiencia en la que comparecía como investigado, lo que estaría en contra de la normativa vigente sobre el uso de recursos del Estado
"Utiliza los bienes del ministerio público, las instalaciones, los equipos informáticos del Ministerio Público para desarrollar una audiencia donde el se favorece, el no actuaba como Fiscal", aseguró Miguel Caya.
¿Cuándo citarán a Pérez?
Dentro de las acciones dispuestas por la fiscalía, se ha programado la declaración de José Domingo Pérez para el 14 de febrero de 2025 a las 11:00 a. m. En esta diligencia, el fiscal deberá rendir su testimonio sobre el uso de bienes del Ministerio Público en el marco de su audiencia como investigado.
Asimismo, la investigación incluirá la recopilación de documentos que evidencien el empleo de recursos institucionales en actividades ajenas a sus funciones fiscales. También se evaluará si este acto vulneró las normas de la administración pública.
Según el documento oficial, se le imputa la presunta comisión del delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal. La disposición fiscal establece un plazo de 60 días para las diligencias preliminares y ordena la recopilación de elementos probatorios para esclarecer los hechos.
Investigaciones contra el fiscal José Domingo
El fiscal José Domingo Pérez Gómez argumentó que la resolución impugnada vulneró el debido proceso, específicamente los principios de interdicción de la persecución múltiple y de legalidad procesal.
Señaló que se estaban investigando hechos que ya habían sido archivados por la Fiscalía de la Nación, y que en esta nueva investigación se incluyó un vehículo motorizado, lo que constituyó un elemento de convicción no presente en el caso original.
Sin embargo, el tribunal presidido por el juez César San Martín decidió confirmar la resolución apelada. El tribunal explicó que no se trataba de una doble persecución penal, ya que la compra del vehículo fue el hecho que dio origen a esta nueva investigación.
La investigación responde a la normativa vigente que prohíbe a los servidores públicos utilizar bienes del Estado para fines personales. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha sido notificada del caso, y se espera que en los próximos meses se determinen las responsabilidades correspondientes.