Vacunación irregular
26/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/04/2023
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti. La representante del Ministerio Público los acusa como presuntos autores del delito "contra la administración pública, en la modalidad de concusión".
La acusación responde al caso 'Vacunagate', irregular inoculación de funcionarios del Estado en el 2020.
"Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión", escribió el MP en su cuenta oficial de Twitter.
Sobre el caso
A detalle, se conoce que el exjefe de Estado confesó haber recibido dos vacunas contra el SARS-CoV-2 de la empresa china Sinopharm, cuando se estaba probando las inyecciones en territorio nacional, hace más de dos años atrás.
Del mismo modo, la extitular de la cartera de Salud también obtuvo dosis de inmunización, pese a declarar que "solo se vacunaría cuando su personal haya recibido la primera dosis".
Es importante precisar que el caso 'Vacunagate' reveló que 487 personas recibieron dosis de Sinopharm, de manera irregular, a finales del 2020, hecho que en líneas generales le costó la imposibilidad a Martín Vizcarra de asumir un cargo público por 10 años.
Antecedentes
El pleno del Congreso de la República aprobó en febrero pasado el informe final, que fue elaborado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, que recomendaba acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra, por los presuntos actos de corrupción que se habrían realizado durante la pandemia de la Covid-19.
Cabe señalar que, con 102 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, el Congreso aprobó dicho informe que también recomienda que el caso sea revisado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), en donde se le podría inhabilitar al exjefe de Estado de la función pública hasta por 10 años.
Asimismo, el dictamen recomienda acusar constitucionalmente a las exministras de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y de Salud, Elizabeth Hinostroza, en la modalidad de colusión en agravio del Estado.
De acuerdo con el parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, quien preside la Comisión de Fiscalización y sustentó el informe, la aprobación del documento significaría "justicia para las casi 180 mil familias enlutadas por las terribles decisiones tomadas desde el más alto nivel durante la COVID-19″.
