Realizó viajes no justificados
27/03/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/03/2025
El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria contra el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, y el exgerente general del gobierno regional, Carlos Ramón, por el delito de peculado doloso, tras su implicación en un caso de apropiación indebida de fondos públicos.
La condena fue de cuatro años y dos meses de prisión suspendida, la cual se ejecutará bajo un régimen de prueba de dos años, con la obligación de cumplir con diversas reglas de conducta.
¿Qué implica la prisión suspendida?
La pena de prisión suspendida otorgada a Cillóniz y Ramón no será ejecutada inmediatamente, siempre y cuando no cometan nuevos delitos durante el periodo de prueba.
Durante estos dos años, deberán someterse a ciertas condiciones, como la prohibición de involucrarse en actos delictivos relacionados con la administración pública, y la restricción de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial.
¿En qué consistió la apropiación indebida?
El caso se originó cuando Carlos Ramón, quien ocupaba el cargo de gerente general del Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), realizó viajes no justificados en su jornada laboral entre los años 2015 y 2018.
Durante este período, Ramón participó en once eventos representando a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin cumplir con los requisitos formales para justificar su ausencia y sin solicitar el descuento correspondiente de su salario.
Este acto fue aprobado por Fernando Cillóniz mediante la Resolución Ejecutiva Regional 0327-2017-GORE-ICA/GR, que autoriza la ausencia de Ramón sin el debido descuento de su remuneración.
Ambos exfuncionarios fueron considerados responsables de la apropiación indebida de los fondos del Estado por no justificar debidamente sus ausencias en los días de trabajo asignados al GORE Ica.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, encabezada por el fiscal Alexander Pérez López, presentó la acusación ante el Poder Judicial, logrando una sentencia favorable para el Estado y los intereses de la administración pública.
Reparación civil y cumplimiento de sentencia
Además de la pena privativa de libertad suspendida, tanto Fernando Cillóniz como Carlos Ramón deberán pagar una reparación civil conjunta por un monto de S/12 608.90.
El plazo para efectuar dicho pago es de diez días, y de no cumplir con este requisito, se podrán aplicar las medidas legales pertinentes. La reparación civil se busca como compensación por los daños causados a los recursos públicos mal manejados por ambos exfuncionarios.
La condena contra Fernando Cillóniz y Carlos Ramón subraya la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión adecuada de los fondos del Estado. La prisión suspendida y la reparación civil impuesta forman parte de las sanciones que buscan asegurar el cumplimiento de la ley.
