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30/01/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/01/2025
El Poder Ejecutivo reconoció su error y reculó. Este 30 de enero, presentó la subsanación a la demanda competencial, la misma que había presentado contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero fue declarada "inadmisible". Para dicho caso, la presidenta de la república, Dina Boluarte, tuvo que haber presentado una demanda de inconstitucionalidad, no atribuir un proceso competencial.
Como es de conocimiento público, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda competencial interpuesta por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, debido a que no contaba con la autorización de la jefa de Estado para actuar en representación suya. Con este cambio, el Ejecutivo pretende rectificar su error.
Error del Ejecutivo
De acuerdo a una resolución emitida por el Tribunal Constitucional, la mandataria Boluarte designó a Adrianzén para interponer una demanda de inconstitucionalidad, pero no autorizó explícitamente al premier para que presente una demanda competencial, que fue la que Adrianzén presentó ante el órgano interpretativo de la Constitución Política del Perú.
"No existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda competencial", se indica en uno de los argumentos del Auto presentado por el TC.
Por ello, pese a que la normativa refiere que las demandas presidenciales deben ser aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, no contó con la autorización del TC y fue declarada "inadmisible". Los abogados del Ejecutivo fueron dados un plazo para la rectificación de lo que el TC calificó como un "error técnico".
Demanda del Ejecutivo
El Consejo de Ministros acordó de forma unánime interponer el proceso competencial contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, argumentando que ambas instituciones habrían afectado el principio de autonomía e impedido el correcto desarrollo de los ejercicios presidenciales.
Dicho reclamo se dio en el marco de las investigaciones contra la mandataria, presuntamente involucrada en distintos casos de relevancia nacional. Ante ello, la PCM refirió al artículo 117 de la Carta Magna, el cual determina que un mandatario solo puede ser acusado mientras cumple sus funciones por traición a la patria, impedimento de elecciones y disolución del Parlamento de forma irregular.
Sin embargo, el TC declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, pasando este a subsanar sus errores técnicos en un breve plazo. De no haberse rectificado, la demanda simplemente habría pasado a archivarse de forma definitiva.
