Dina Boluarte: SAC archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas
Tras una larga evaluación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas en su contra.
Como se recuerda, los decesos ocurrieron durante las manifestaciones violentas en diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, y su posterior vacancia.
Por su lado, la Fiscalía interrogó a Boluarte para determinar si ella ordenó el ataque armado contra los protestantes, pero la mandataria negó tales acusaciones, afirmando que el Consejo de Ministros aprobó los planes operativos por las fuerzas del orden.
No asumió ninguna responsabilidad
Durante su declaración ante el Ministerio Público, la presidenta mencionó que no tiene ninguna responsabilidad por las muertes provocadas durante las manifestaciones, las cuales ascendieron a 60.
Fuentes cercanas señalaron que luego de la intervención realizada por la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Omar Rojas, esperaba desarrollar sus preguntas, pero se encontró con una negación por parte de la defensa de Boluarte.
Vale mencionar que la denuncia constitucional contra la mandataria llegó cinco meses después de su declaración, el 27 de noviembre de 2023, emitida nuevamente por Benavides.
Investigaciones contra PNP y el Ejército
El pasado 11 de julio, la Fiscalía anunció la formalización de 18 investigaciones contra miembros del Ejército y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), por los fallecidos durante las protestas.
Esta decisión se tomó desde la muerte y lesiones de 267 ciudadanos, bajo el contexto de "graves violaciones de los derechos humanos" entre diciembre de 2022 y marzo del 2023.
Todo ello, correspondería a 154 miembros de las entidades mencionadas, en actos cometidos en ocho regiones del país durante el mencionado periodo de tiempo.
En en Ayacucho, por ejemplo, el referido equipo fiscal formalizó investigación en contra de 27 integrantes del Ejército Peruano vinculados a los hechos de violencia registrados —el 15 y 16 de diciembre de 2022— en las inmediaciones del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, de la ciudad de Huamanga, que dejó 55 personas agraviadas.
Las investigaciones continuarán avanzando, salvo en el caso de la presidenta Dina Boluarte, tras el archivamiento de su denuncia constitucional por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.