31/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 31/07/2024
El abogado del Instituto de Defensoría Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló que la nueva demanda contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, podría ayudar a imputarle responsabilidad penal. Ello en el marco de la nueva denuncia constitucional presentada contra su persona por las muertes en las protestas contra su gobierno a finales de 2022 e inicios del 2023.
El letrado definió lo que significa la nueva denuncia interpuesta contra la dignataria, remarcando que existe una agravante en el comportamiento, aludiendo la acción por omisión que resultó en la muerte no especificada de varias personas.
"Lo que dice el delito de homicidio calificado, de comisión por omisión, omisión impropia, significa que la Fiscalía puede imputar responsabilidad penal a una persona, en este caso a la presidenta y sus ministros que son aforados, porque tienen una posición de garantes. Es decir, van a realizar un comportamiento que va a implicar la ausencia de una intervención de salvaguardar los bienes jurídicos que son la vida y la integridad física", explicó.
Dina Boluarte y los responsables
El entendido en temas jurídicos complementó sus declaraciones afirmando a quiénes iría la denuncia constitucional y cuáles serían las personas que tomarían partida y que fungían como altos funcionarios cuando tuvieron lugar las marchas.
"A la señora presidenta constitucional, la señora Dina Boluarte, a los exministros, Alberto Otárola, como ministro de Defensa en ese entonces, Pedro Angulo Arana, como presidente del Consejo de Ministros, Jorge Chávez Cresta como ministro de defensa, Víctor Rojas, como ministro del Interior, Cervantes como ministro del Interior y Vicente Fernández también como ministro del Interior", puntualizó.
Finalmente, explicó cuántos serían las personas que habrían perdido la vida y por lo que se les estaría imputando el delito de homicidio a todas las personas previamente indicadas. Este señaló que la muerte de estas personas se habría dado en el marco de la ausencia previamente mencionada. Vale resaltar que no solo se le imputarían los fallecimientos sino las lesiones causadas.
"La cantidad total son 44 personas fallecidas y 116 que sufrieron entre lesiones leves y lesiones graves en las protestas sociales del 2022 diciembre, a febrero del 2023. Lo que la Fiscalía ha hecho es determinar que, sobre ese grupo de personas, han identificado a los autores directos", aclaró.
De esta manera, el abogado del IDL, Juan José Quispe, señaló los delitos por los que podría ser imputada penalmente la jefa de Estado, Dina Boluarte, en el marco de las muertes en protestas a fines del 2022 e inicios del 2023.