En contra de defensor del Pueblo
08/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 08/08/2024
En diálogo con Exitosa, el expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, advirtió que la demanda presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, podría afectar la lucha contra el crimen organizado.
El expremier consideró que la ley sobre extinción de dominio es un mecanismo que evita, una vez atrapados los responsables de actividades ilícitas, continúen con estos actos irregulares.
"En realidas cualquier actividad, corrupción por ejemplo, cualquier actividad ilegal, ilícita, que genere ganancias tiene que tener mecanismo de incautación de afectación de bienes", expresó.
Consecuencias de demanda de Josué Gutiérrez
Además, agregó que lo que más "duele" para una organización criminal es la incautación de sus objetos, por ende, es una estrategia contundente.
"Lo que más duele a la organización criminal es la afectación de sus bienes, obviamente su libertad, pero también los bienes, entonces una estrategia muy inteligencia de la Fiscalía como política criminal es precisamente aceptar el patrimonio de las organizaciones criminales", precisó.
En tal sentido, no entendió el porqué Josué Gutiérrez planteó "un desmontaje" de una figura que "existe en todo el mundo" porque es un acuerdo utilizado en toda la región.
Recurso de inconstitucionalidad
El defensor del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373 que establece la extinción de dominio.
Tras la exposición del recurso, el titular de la Defensoría del Pueblo pidió que el Tribunal Constitucional (TC) admita y apruebe el trámite.
Para Gutiérrez, el decreto legislativo vulneró el derecho a la propiedad y los principios de presunción de inocencia, de seguridad jurídica, de tipicidad, de irretroactividad y seguridad jurídica.
También hay una "grave afectación" al derecho de propiedad, debido a que "no se está privando a las personas de ejercer alguno de sus atributos (del bien), sino todos ellos, y de forma permanente".
Incluso consideró que la normativa debió ser modificada a través del Congreso, mas no por un decreto legislativo por parte del Ejecutivo. El argumento tuvo como base lo establecido por el Tribunal Constitucional.
La ley vigente desde 2018 determina que la extinción de dominio es independiente al proceso penal. Solo se necesita comprobar que el bien fue adquirido de manera ilícita para proceder con el traspaso de la titularidad del bien al Estado. No se requiere que el investigado tenga una sentencia final.
No obstante, para el expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, la demanda presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afectaría la lucha contra el crimen organizado.
