Defensoría del Pueblo propone proyecto para modificar ley de crimen organizado
En exclusiva para Exitosa, Marcos Ibazeta, representante de la Defensoría del Pueblo, explicó que desde la institución propondrán un proyecto de ley para aclarar los temas referidos a los allanamientos a organizaciones criminales. Ello ante la necesidad de la Fiscalía y de la Policía de contar con la presencia de la defensa del intervenido.
Una solución para los allanamientos
En diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el representante de la Defensoría anunció que la iniciativa busca ponerle un fin a la problemática acaecida ante las imprecisiones que cuenta la norma, recalcando lo absurdo de la necesidad de que el abogado del "interesado" esté presente durante el allanamiento.
"En el tema del crimen organizado, desde la Defensoría se ha preparado un proyecto de ley que debe haber ingresado ahora, al menos, para aclarar y superar este problema de que cuando intervienen en un allanamiento la Fiscalía y la Policía se requiera la presencia del interesado, de su abogado defensor, que es un absurdo", enfatizó.
De ese mismo modo, subrayó que se sugiere que agentes del Ministerio de Justicia puedan participar del allanamiento para que se haga una constatación durante el ingreso al inmueble en cuestión. Ello, explica, evitaría que se tenga que esperar a la aparición de un defensor y así se pueda dar solución, al menos momentánea, a la situación actual.
"Lo que está proponiendo la Fiscalía con el Ministerio de Justicia y tengan un defensor público y vayan con el defensor público e ingresen. Aunque no se necesita defensor para ingresar, sino defensor para iniciar el registro. Pero para eso, no vamos a estar esperando el capricho de nadie y sí se lleva un defensor público puede superar ese problema por ahora. Ya después discutiremos los alcances del tipo penal de organización criminal", recalcó.
El derecho sustancial no los exime de ser investigados
Si bien resaltó que se deben proteger los derechos del interesado, eso no lo exime de estar investigado, argumentando a que sea parte de medidas cautelares o de otras medidas especiales.
"Ahí hay una confusión. Está bien que se proteja el derecho del interesado, pero acá no estamos ante un derecho sustancial. Esto forma parte de lo que en la doctrina se conoce como medidas cautelares y medidas especiales dentro de la investigación penal, que se hace sin conocimiento de parte. Imagínese que para ingresar a un inmueble tendría que esperarse al interesado, que llame a su abogado", señaló.
Fue así como Marcos Ibazeta, representante de la Defensoría del Pueblo, anunció una nueva propuesta de ley que busca dar solución a los allanamientos, luego de la nueva tipificación de organización criminal.